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"La hosteleria no pide ayudas, solo que nos dejen trabajar", clama 'sos hostelería'

El PP no derogará la Ley del Juego valenciana: mantendrá restricciones "consensuadas" con el sector

Foto: EDUARDO MANZANA
8/03/2022 - 

VALÈNCIA. El sector de la hostelería pidió este lunes a la derecha que, si gobierna la Generalitat Valenciana y tiene mayoría en el parlamento valenciano, no le tiemble la mano a la hora de deshacer de alguna manera la Ley del Juego valenciana, que ha generado "preocupación" entre los hosteleros y empresarios del sector del juego. Lo reclamaron ante la secretaria general del PP valenciano, síndica en Les Corts y portavoz en el Ayuntamiento de València, María José Català.

Ahora bien, si alguna vez se llegó a plantear la derogación total de la normativa impulsada por el actual Gobierno valenciano, que conforman PSPV, Compromís y Unides Podem, Català desterró casi con toda seguridad esta idea y abogó este lunes en un foro organizado por la asociación SOS Hostelería por modificar aspectos de la ley de manera dialogada con el sector.

Concretamente, la portavoz popular en Les Corts Valencianes y 'número dos' del PP valenciano adelantó que si el partido accede al Ejecutivo valenciano va a "coger la Ley y revisar todo lo que se tiene que revisar". En ese sentido, puntualizó que la normativa sobre el juego aprobada en 2020 "se puede mantener con las modificaciones de los aspectos" que se negocien con el sector.

"Lo más interesante", dijo Català, "es abordar modificaciones que podamos dialogar con el sector". Y es que, una de las deficiencias que los populares detectaron al aprobarse la ley con importantes restricciones a la hostelería y el sector del juego es que se echó "en falta diálogo" así como "informes técnicos que avalaran algunas decisiones", como por ejemplo la fijación de distancias mínimas entre locales.

Concretamente, y entre otras cosas, la Ley del Juego establece una distancia mínima de 500 metros entre los nuevos salones de juego, bingos y casinos, y de 850 respecto a centros educativas. Asimismo, la Generalitat no puede conceder nuevas licencias de explotación de nuevas máquinas hasta 2024, y las tragaperras de la hostelería deben contar desde el año pasado con un mecanismo de activación y desactivación sin podrán emitir luz y sonido mientras no estén siendo usadas.

La ley también plantea la eliminación progresiva de las máquinas auxiliares de apuestas conforme vayan acabando las licencias y se prohibe el acceso a quienes presenten síntomas de embriaguez o figuren en el registro de personas excluidas de acceso al juego de la Comunitat. De lo contrario, las multas van de 601 a 6.000 euros y pueden llegar a la suspensión temporal de la autorización o el cierre del local por un año. Las sanciones muy graves ascenderán hasta 600.000 euros y a suspensiones de cinco años.

La portavoz en el parlamento valenciano por el PP aseguró que entiende "algunas restricciones", como son por ejemplo las que afectan a la proximidad de salones de juego respecto a centros educativos. Si bien uno de los asistentes insinuó la falta de efectividad de la medida, dado que "si un niño vive encima" de un local de este estilo, "va a verlo igualmente", Català compartió "el objetivo último" de la Ley, que es proteger a los menores y luchar contra la ludopatía, pero insistió en hacerlo "con diálogo", algo de lo que carece la actual normativa, sentenció.

Conocida es la frontal oposición de los sectores afectados y este lunes, algún representante del juego pidió a Català no tener ningún "complejo a la hora de tomar decisiones" si los informes que se solicitan son favorables, puesto que "el juego ha estado regulado siempre y ha funcionado bien". Sobre ello, Català recordó que cuando formó parte del Gobierno valenciano, entre 2012 y 2015, la Generalitat "trabajaba con leyes lógicas, razonables y coherentes y se atendían los informes", de manera que, dijo, si el PP vuelve al Consell, buscará "volver a la normalidad".

  

Pero además, Català quiso subrayar un segundo compromiso: "Si vamos a poner limitaciones y restricciones consensuadas, la administración no puede no hacer sus deberes". Así, indicó que "las restricciones están motivadas en la lucha justificada contra la ludopatía, pero si la administración no pone ni un euro en planes contra la ludopatía, no está cumpliendo su parte del trato". Por eso, subrayó que si se implantan restricciones en la hostelería y el sector del juego, la administración ha de "hacer sus deberes" también con planes de choque.

Plan de rebajas fiscales

La portavoz del PP explicó también su propuesta fiscal, que se resume en una rebaja de 20% de tipo de gravamen IBI para todos los valencianos, una rebaja del 30% del tipo de gravamen para inmuebles destinados a la actividad económica que tributan por el tipo diferenciado, bonificaciones en el IAE y IBI para quienes fomenten empleo; las empresas que se quieran implantar en Valencia no pagarán los primeros cuatro años el IAE; y una bonificación de un 95% el impuesto de plusvalías para transmisiones de empresas entre familiares.

“Si implantan la tasa turística, no tengan ninguna duda que el Partido Popular la eliminará”, aseguró Catalá, quien denunció “el afán recaudatorio del gobierno de Ribó y PSOE que cerró 2021 con la recaudación de impuestos y tasas más alta de historia, 451 millones de euros, frente a los 426 del año 2020.”. "Eso implica que Ribó recaudó 25 millones de euros más que el año anterior, pero invirtió 12 millones menos en los barrios de la ciudad", sentenció la portavoz.

Licencias

Por otro lado, la portavoz aprovechó el foro para insistir en una de las críticas habituales de la oposición al gobierno municipal, relativa al bloqueo de licencias de actividad. Aunque ciertamente en los últimos años el tapón de permisos se ha reducido a más de la mitad desde que gobierna la izquierda, todavía son largos los tiempos de la administración. Ello para Català demuestra que el Ayuntamiento es "un freno" y resulta "hostil" a la inversión privada porque "no se transmite seguridad jurídica.


El presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, lamentó los problemas que está sufriendo el sector: la alta fiscalidad, una regulación excesiva y la dificultad para crear empleo. "Somos gente que trabaja mucho y se queja muy poco, tenemos poco tiempo de quejarnos", subrayó Molina, para sentenciar después: "La hostelería no pide ayudas, solo pedimos que nos dejen trabajar; no me den dinero, no queremos dinero, queremos trabajar".

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