Elena Bastidas. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Elena Bastidas, la diputada y síndica adjunta del Grupo Parlamentario Popular de Les Corts Valencianes, ha enviado un escrito al Sindic de Greuges para que investigue la gestión que se está realizando en las residencias públicas durante la crisis de coronavirus desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, liderada por la vicepresidenta Mónica Oltra, así como desde la parte ahora asumida por Sanidad dependiente de Ana Barceló. La diputada acusa al Consell de “oscurantismo” en su gestión, y de no proporcionar la información sobre lo qué está ocurriendo en las residencias.
Según explica Bastidas en su escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la Generalitat, de la que depende la gestión de las residencias de personas mayores, a través de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, “mantiene un absoluto oscurantismo acerca de los datos relativos a la situación de la epidemia en las residencias de mayores de la Comunitat Valenciana”. A este respecto dice que, en particular, existe oscurantismo y una falta de información suficiente “acerca del número de contagios y de defunciones constatado tanto entre residentes como entre trabajadores de las mismas y de cada una de ellas”.
Expone la popular que, dichos datos “resultan imprescindibles para poder adoptar las medidas necesarias con carácter urgente y no se están haciendo públicos a pesar del indudable interés manifestado por diferentes colectivos sociales de los que nos hacemos eco. Preservar la transparencia de la información en estos momentos es crucial, sin que quepan dilaciones ni demoras que dificulten que todos dispongamos de una información cierta y ajustada que permita hacer frente a la situación que vivimos con propuestas de mejora en defensa de la salud y de la vida de los conciudadanos”.
Asegura que resulta imprescindible conocer la situación en relación con las residencias públicas. Bastidas asevera que la conselleria competente “no informa acerca de los datos relativos a las bajas de trabajadores por enfermedad así como si se está atendiendo la reposición necesaria, o si se ha producido una situación de menoscabo en las plantillas, tal y como esta compareciente tiene constancia que sucede en algunos centros; tampoco se está informando sobre los contagios por coronavirus entre trabajadores y usuarios; ni tampoco si se está proporcionando el material de protección necesario”.
Otra de las actuaciones por parte del Gobierno valenciano a la que le falta luz y taquígrafos, como ha podido comprobar Valencia Plaza en las múltiples ruedas de prensa ofrecidas por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, es saber cuál es el criterio médico utilizado para decidir qué ancianos son trasladado al hospital y qué ancianos deben permanecer en las residencias.
En este sentido, Bastillas le explica al sindic que: “ha tenido conocimiento de graves contradicciones en la gestión de la epidemia en las personas mayores entre los diferentes departamentos de salud, causando una discriminación a los ciudadanos en razón de su lugar de residencia. Se desconocen las razones por las cuales los criterios para el ingreso hospitalario de las personas mayores residentes en los centros públicos que se contagian por coronavirus –con o sin síntomas-, habida cuenta que en algunos departamentos de salud se ha ordenado al personal que se les separe y guarden cuarentena, mientras en otros se ingresa en hospitales a las personas en las mismas condiciones”.
Una de las cuestiones que Bastidas pide que se investigue es si es cierto, o no, que existe una directriz de Sanidad diciendo que “la hospitalización de los ancianos residentes en centros de mayores con coronavirus se está vinculando a la disponibilidad de camas”. Y recuerda que la Ley General de Sanidad, y el resto del ordenamiento jurídico, exige que se clarifique en qué circunstancias se está decidiendo dar tratamiento hospitalario o no a pacientes en las mismas condiciones únicamente en razón del lugar en que se encuentren.
La diputada del PPCV asegura que se desconoce la suficiencia de las medidas adoptadas, por cuanto “se me transmiten situaciones de extraordinaria gravedad que no se están atendiendo con la diligencia suficiente, ni tampoco se están siguiendo los criterios de los expertos en cuanto a la necesidad de realizar test de detección del virus a todos los trabajadores y a las personas usuarias de las residencias”.
Esta queja de Bastidas se une a la ya expresada, y publicada por este periódico, de la fiscal delegada de Civil y coordinadora de toda la Comunitat del tema de las residencias, Ana Lanuza, que dijo: "Cuando entra el virus en una residencia es letal, por eso es tan importante que lleguen los test a las residencias, que no se olvide nadie que son personas. Los test tienen que llegar ya a las residencias. Sin ellos es muy difícil controlar la expansión del virus". Y también a las protestas del presidente de la patronal de las residencias (Aerte) José María Toro, quien aseguró que sin los test “están trabajando a ciegas”.
Por último, Bastidas dice que la extraordinaria gravedad de esta circunstancia se yuxtapone, además, con un control mermado a las decisiones del Consell, por cuanto “por primera vez en nuestra historia democrática, Les Corts han suspendido su periodo de sesiones por razón de la crisis sanitaria, por lo que el papel del Síndic de Greuges en cuanto a la comprobación de la posible vulneración de los derechos individuales o colectivos de los ciudadanos, en tanto que función esencial recogida en la Ley reguladora de esta institución, deviene imprescindible”.
La fiscal encargada de vigilar a las residencias vigila a Sanidad
