Gabriela Bravo, consellera de Justicia. Fotos: RAFA MOLINAVALÈNCIA. (EP) El Partido Popular en Les Corts Valencianes ha pedido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, el "cese inmediato" de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por su "gestión errática" y las quejas de los colegios de abogados, que "han puesto de manifiesto graves datos sobre el pésimo funcionamiento de la Conselleria".
Así lo ha exigido la portavoz de Justicia del grupo 'popular', Mª José Ferrer San-Segundo, en relación a las acusaciones que transmitió esta semana el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) a Justicia de "degradar" el servicio público de la justicia gratuita en la autonomía por la "improvisación y desorden" en la gestión, provocado a su juicio por "impericia y desconocimiento".
En un comunicado, la diputada ha denunciado al respecto "el caos provocado por Bravo durante estos tres años". Ha puesto como ejemplo el incendio de la Ciudad de la Justicia de València o el "colapso informático" en los juzgados, casos que cree que "deben llevar a Puig a actuar de una vez, ante la evidencia y la denuncia del sector".
La 'popular' ha subrayado que la acusación de los colegios "ha desvelado que, mediante reformas disparatadas e "infringiendo todas las leyes imaginables, se está pretendiendo explorar la defensa de oficio por personas que no son abogadas y por entidades cuya idoneidad solo puede encontrarse en su relación personal con responsables de la Conselleria".
Ante esta situación, el PP presentará en Les Corts una batería de preguntas y solicitudes de documentación, con el objetivo de "esclarecer las denuncias de mal funcionamiento y conflictos de intereses desveladas por los colegios". "¿Cuáles son las relaciones personales de responsables de la Conselleria que están influyendo en sus decisiones y actuación?", se ha preguntado Ferrer San-Segundo.
Y ha aseverado: "La constatación de la impericia, pasividad, improvisación y lentitud de la consellera Bravo, que ya ha tenido ocasión de dejar patente en estos tres años, debe hacer a Puig ejercer, por una vez y de verdad, de 'president', decidiendo el cese inmediato".
A su juicio, "cuando un colectivo tan importante, y que presta un servicio esencial a la sociedad como la asistencia jurídica gratuita, denuncia la gestión de la Conselleria desvelando, literalmente, su desorden, improvisación, ocurrencias, falta de respeto, extravagancia, incumplimiento de compromisos adquiridos, degradación, exigencias sin soporte normativo, pretenciosos informes, infracciones legales, desconocimiento o impericia, es para prestarle atención, y tomar medidas, de inmediato". "Puig es el responsable de 'poner coto' a esa pésima gestión", ha insistido.
En cuanto a la asistencia jurídica gratuita, la parlamentaria ha denunciado que el departamento que dirige Bravo "está imponiendo obligaciones a los colegios sin pagar nada a cambio o, en el mejor de los casos, hacerlo a los dos años". Ha subrayado además que "el Consell ha manifestado que no va a cumplir con el propio decreto 17/17, que aprobó hace solo un año, para la regulación de la asistencia, desentendiéndose del pago de cuestiones previstas".
Ha puesto así el foco sobre cuestiones como "el servicio de orientación penitenciario, los asuntos archivados por falta de documentación en los que el letrado y procurador han realizado ya trabajos para el servicio público o los supuestos del artículo 44.3, dejando sin cobertura económica a los profesionales a los que se obliga a asumir los asuntos antes del reconocimiento de la justicia gratuita".
Y, por otro lado, ha advertido que "en las últimas semanas ha habido dos nuevas bajas de funcionarios: las de jefe de servicio y subdirector general, que se encargaban de esta materia". Dos trabajadores que "se suman a la ya larga lista de huidas y ceses por encontronazos, enfrentamientos y disparidad de criterios con la consellera". "Si algo ha demostrado Bravo en estos tres años, es que no soporta quien le tosa y que tiene el récord negativo del Botànic en la más deplorable gestión de equipos", ha aseverado.
