El PP se desmarca y mantiene la presión por los sobresueldos del gobierno de València

VALÈNCIA. Finalmente el Partido Popular no ha apoyado el acuerdo para aceptar los criterios de la Agencia Antifraude sobre los sobresueldos que se cobraron en el Ayuntamiento de València durante la legislatura de 2015 a 2019. El equipo de gobierno llevó al pleno ordinario de este jueves una propuesta para asumir las dos resoluciones que tenían que ver con los salarios que percibieron diez concejales de Compromís, PSPV y València en Comú durante el anterior mandato, dando así carpetazo definitivo a la cuestión. Algo que no ve tan simple el Grupo Municipal Popular, que finalmente optó por la abstención y pidió que se "depuraran responsabilidades". 

Según las investigaciones de la Agencia Antifraude, fueron diez ediles en el gobierno los que durante la anterior legislatura se les adjudicaron las dedicaciones parciales a las que obliga la ley. Lo que, en consonancia, supone una reducción de sus retribuciones. Sin embargo, el consistorio logró sortear esta situación aprobando unos complementos salariales bajo el concepto de responsabilidades de gobierno, aumento que en la práctica equiparó sus salarios a los de un edil a tiempo completo y les permitió cobrar el 100% del sueldo.

Pero la organización que dirige Joan Llinares no vio del todo acertado este movimiento y consideró que no era más que una manera de esquivar el mandato de reducir el salario de una parte de la corporación. Así, en sus conclusiones señala cuestiones como que, a la hora de la verdad, todos los concejales cobraran el total de sus retribuciones. Además, también dispone que imponer un plus por responsabilidades de gobierno a los ediles que ostentan un puesto de gestión es erróneo porque estas cargas ya van incluidas en su salario base, por lo que aprobar un complemento es una duplicidad.

Con todo ello, Antifraude emitió dos recomendaciones: la primera, que a partir de ahora se fije de antemano cuáles son las responsabilidades de cada uno de los ediles, siendo "evidente" que las de las tenencias de alcaldía están por encima que las de otros concejales y que por lo tanto tienen mayores retribuciones. De este modo, se elimina la posibilidad de incorporar un complemento. 

Y, por el otro lado, concluye que a partir de ahora se deberán pedir informes jurídicos a la secretaría del Ayuntamiento para asegurar que, efectivamente, los regímenes retributivos de los concejales y demás cargos se ajustan a la legalidad. Todo ello teniendo en cuenta que, durante sus investigaciones, Antifraude no pudo encontrar el informe de secretaría sobre los salarios de 2015. 

Aun así, y a pesar de todo, la Agencia no pidió que se tomara ninguna medida directa sobre esta cuestión. De hecho, ni siquiera llegaba a recomendar que se devolviera el dinero ingresado de más por parte de los ediles durante el periodo analizado. En este sentido, las recomendaciones tienen más que ver con la manera en la que se espera que el Ayuntamiento actúe en el futuro, por lo que el equipo de gobierno decidió aceptar los consejos y dar por finalizada la cuestión.

Sin embargo, el Partido Popular considera que, aunque Antifraude no tenga potestad para emitir dictámenes, sí que es muy clara en sus conclusiones sobre la "irregularidad" de los salarios del pasado mandato. Por eso mismo, sugirió durante su turno de palabra en el pleno municipal-aunque no por canales formales- que se declarase nulo el acuerdo plenario por el cual se habían fijado las retribuciones de los concejales.

Una acción que, según defienden, dejaría sin efecto aquella resolución y podría incluso implicar la devolución del dinero de más que percibieron los ediles. En total, se ha calculado que la cifra asciende a 772.000 euros. Así, aumentaron su presión sobre el actual equipo de gobierno y pidieron un "ejercicio de responsabilidad" que finalmente no fue satisfecho por parte de PSPV y Compromís. De este modo, el Partido Popular se negó a votar a favor del punto y optó por la abstención, aunque la propuesta salió adelante igualmente con los votos mayoritarios de los partidos en el gobierno. Quienes, efectivamente, dan la situación por concluida. 

"Exigimos que se inicie la revisión de oficio del acuerdo por el que los concejales de gobierno cobraron indebidamente durante el mandato 2015-2019", defendía la edil del Partido Popular María José Ferrer San Segundo. "Antifraude dice claramente que se vulneró y sorteó la ley para que pudieran cobrar más, así que Ribó debe asumir responsabilidades y los concejales de Compromís, PSPV y Podem deben devolver los sobresueldos que cobraron", señalaba. 

El Ayuntamiento valida los salarios de la oposición

La investigación de la Agencia Antifraude no solo auditaba las retribuciones de los ediles en el gobierno durante la legislatura de 2015 a 2019, sino que también se extendía a los sueldos que perciben ocho concejales de la oposición durante este mismo mandato, el que va de 2019 a 2023. Y es que, en esta ocasión las ocho dedicaciones parciales decayeron sobre miembros del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Estos ediles recibieron una dedicación parcial del 75%. Sin embargo, el cálculo para conocer su salario no se hizo en referencia a lo que cobra un edil raso con dedicación exclusiva, sino en base a lo que cobra el alcalde, una cantidad considerablemente mayor. Así, en la práctica, Antifraude dictaminó que estos concejales estaban cobrando más de un 90% del salario y no el 75% que teóricamente por ley les correspondía.

En este sentido, la Agencia incluyó una tercera recomendación en la que pedía que se revisara la fórmula para ajustar el salario a las condiciones contractuales de los ediles. Pero, a diferencia de lo que sucedió con las otras dos, el gobierno de PSPV y Compromís acordó rechazar este consejo y seguir adelante con el cálculo tal y como está hecho.

Principalmente, se basaba en el argumento de que en esta ocasión sí existía un informe por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que amparaba la decisión de tomar como referencia el salario del alcalde y no el de cualquier concejal con dedicación exclusiva. Así, en su momento, el concejal de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán, ya avisó de que el criterio de Antifraude "no es mejor que el de la secretaría" del consistorio teniendo en cuenta que la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local no especifica sobre esta materia. 

De este modo, se abre el campo a las diferentes interpretaciones, como ha sido el caso. Con todo esto, el equipo de gobierno ha considerado oportuno, entonces, no ajustar sus acciones al criterio de Antifraude y dejar los salarios de la oposición tal y como están. Una decisión que en este caso el PP sí que ha aprobado basándose en la seguridad jurídica del informe del secretario.