Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, mantiene que el sistema de pago de sueldos que se aprobó para la oposición en el año 2019 se ajusta "por completo" a la legalidad. En este sentido, ha defendido nuevamente la postura del gobierno y ha considerado que la interpretación de la norma que hizo la Agencia Antifraude -y que va en contra de la perspectiva del consistorio- "no es más válida que la de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".
Cabe recordar que, recientemente, el órgano que dirige Joan Llinares emitió un informe que contenía una serie de recomendaciones sobre los sueldos que habían percibido algunos de los concejales de la corporación tanto en la legislatura de 2015 como en la de 2019. Con respecto a esta última, consideró que el cálculo para el salario de los ediles en la oposición se había efectuado de forma incorrecta, ya que a su juicio recibían más dinero del que supuestamente les correspondía.
Este problema se originó en 2019, cuando el gobierno de PSPV y Compromís decidió trasladar todas las dedicaciones parciales a los miembros de la oposición, que en este caso eran del 75%. La ley establece claramente que la cantidad percibida debe corresponder al tiempo trabajado. Es decir, 75% del horario laboral, 75% del salario. Sin embargo, no esclarece en referencia a qué se debe realizar este cálculo.
Y ahí es precisamente donde surgen las discrepancias entre el consistorio y la Agencia Antifraude: mientras que el gobierno tomó como punto de partida el salario del alcalde, considerablemente mayor, Antifraude cree que lo correcto habría sido basarse en el techo de un concejal raso con dedicación exclusiva. Así, el órgano de Llinares calcula que la cantidad que ahora mismo están recibiendo ocho concejales del Partido Popular, Ciudadanos y Vox es el 93,15% de lo que cobrarían si tuvieran dedicación exclusiva, y no del 75% como a priori establece la ley.
Sin embargo, Sanjuán recuerda que la decisión de calcular el salario en función de las retribuciones del alcalde cuenta con un informe favorable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Del mismo modo, también ha matizado que la Agencia Antifraude tan solo puede emitir recomendaciones, y que por lo tanto su autoridad jurídica no está por encima de la de la secretaría que dio en su momento el visto bueno a la acción.
Con todo, el concejal de Hacienda expone el problema como un choque entre diferentes visiones de la ley: "La Agencia Antifraude hace recomendaciones que son interpretaciones de la norma, y en este caso entran en conflicto con las interpretaciones de nuestra secretaría. Pero la interpretación de la Agencia Antifraude no es más válida que la de nuestros secretarios", concluye al respecto.
Estaba previsto que en el pleno de este mes de septiembre, que tuvo lugar el pasado jueves, se debatiera el informe de Antifraude sobre el salario de los concejales. Sin embargo, el punto fue retirado en el último momento . Y es que, este documento también contenía una serie de recomendaciones sobre los sobresueldos que percibieron los miembros del equipo de gobierno en la legislatura de 2015 a 2019.
Durante este periodo, PSPV, Compromís y València en Comú decidieron quedarse con las ocho dedicaciones parciales a las que obligaba la 'ley Montoro', bajo el pretexto de "no perjudicar a la oposición". De este modo, algunos de los concejales se quedaron con el 75% del salario. Ahora bien, la situación se compensó con un complemento salarial que quedó justificada en las "responsabilidades de gobierno" que ejercían estos ediles, lo que en la práctica implicaba que estaban recibiendo el 100% de la retribución.
Sin embargo, la Agencia Antifraude considera que estas responsabilidades ya iban implícitas en las retribuciones que reciben los concejales que ostentan labores de gestión, por lo que no vio necesario instaurar un nuevo complemento por el mismo concepto. En este sentido, reconoció que el consistorio había sorteado la ley para fijar estas compensaciones, aunque evitó depurar responsabilidades o pedir que se devolvieran los 772.000 euros que a su juicio se habían gastado de más.
Así, sobre esto tan solo emitió dos recomendaciones. Por un lado, emitir informe de la secretaría la próxima vez que se establezan los sueldos de los miembros de la corporación, al no hallarlo en el expediente de 2015. Y, por el otro, fijar de antemano cuáles son las responsabilidades de los ediles que gobiernan para que quede reflejado en su nómina base sin necesidad de complementos.
Finalmente, la tercera recomendación era la que sí que tenía que ver con las nóminas de la oposición a partir del año 2019, en relación a la referencia que se tendría que haber utilizado para sacar el porcentaje. En un principio, el equipo de gobierno propuso llevar el informe al pleno para aceptar todas las premisas de Antifraude y así dar carpetazo definitivo al problema: "No hay inconvenientes para no aceptar las recomendaciones", consideró Alcaldía. Y anunciaron que empezarían a aplicar estas cuestiones a partir de la siguiente legislatura.
Sin embargo, unos días después, el alcalde de València, Joan Ribó, sorprendió con la propuesta de no aceptar la tercera recomendación sobre los actuales salarios de la oposición, escudándose en que la legalidad del proceso había sido ratificada por el habilitado nacional. Sin embargo, y al tratarse de una clara discrepancia, el equipo de gobierno aspira a que el acuerdo sobre la aceptación o rechazo a esta recomendación de Antifraude sea por unanimidad. Es decir, que todos los grupos implicados se pongan de acuerdo. Algo que, por el momento, no ha sucedido.
Por todo ello, se retiró finalmente el punto del pleno de septiembre. Así, desde la concejalía de Personal que dirige Luisa Notario, han asegurado que la decisión se tomó para que la comisión municipal tuviera más tiempo de validar y ratificar el acuerdo antes de enviarlo para su aprobación en octubre. Algo que realmente tendría que haber ocurrido este mismo mes, cuando incluso se intentó incluir el punto de urgencia.
En este sentido también se ha pronunciado también Borja Sanjuán: "Sería muy sencillo utilizar la mayoría absoluta del gobierno para rebajar las retribuciones de la oposición al mínimo, pero pensamos que la oposición debe tener herramientas suficientes para realizar su trabajo de la mejor manera posible". Cabe recordar que, si el Ayuntamiento aceptase las recomendaciones de Antifraude sobre los salarios de los tres partidos en la oposición, las nóminas de los ocho concejales con dedicación parcial pasarían de 63.500 euros anuales a 51.100.
