María José Ferrer San SegundoVALÈNCIA (EFE). El PP de la Comunitat Valenciana ha decidido hacer bandera de los recursos contra todas las medidas relacionadas con la lengua adoptadas por el Consell y llevará al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) el decreto que regula el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos por considerar que se están vulnerando derechos personales y la libertad de los ciudadanos.
Así lo ha avanzado la diputada del PP en Les Corts María José Ferrer, quien ha criticado que la oficina pueda tomar decisiones sobre las relaciones en el ámbito privado, y ha defendido el fomento y promoción del valenciano pero no que se "castigue a quienes usan cualquiera de las dos lenguas oficiales" de la Comunitat.
Ferrer ha denunciado que esta oficina es "un corta y pega" de la oficina de garantías lingüísticas existente en Cataluña, que lejos de favorecer y traer convivencia y entendimiento ha acabado trayendo "secesión y fractura social".
En este sentido, ha advertido de que su partido no permitirá que "el tren que ha descarrilado en Cataluña salga de la estación" en la Comunitat Valeciana y por ello recurrirán ante el TSJCV el decreto que regula esta oficina por entender que se están vulnerando "derechos personales, la libertad y el ordenamiento jurídico".
La parlamentaria ha denunciado que el decreto, publicado esta semana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) tras el trámite de enmiendas, ni siquiera atiende las observaciones esenciales hechas por el Consell Jusrídic Consultiu (CJC), que según ha dicho son "bastantes.
La más grave, a su juicio, es que esta Oficina pueda tomar decisiones sobre las posibles vulneraciones de derechos lingüísticos que se produzcan en las relaciones en el ámbito privado, como puede ser un comercio.
Ha señalado que el decreto intenta maquillar esta cuestión afirmado que se abrirán expedientes informativos pero no sanciones, aunque, según ha criticado Ferrer, habrá una resolución administrativa que dirá que ha habido una vulneración los derechos lingüísticos de una persona.
Además, ha denunciado que esos expediente se inscribirá en un registro, con lo que existirá "un registro de valencianos buenos y malos", además de que la Generalitat amplía el ámbito de actuación de la oficina al ámbito local y estatal, sin tener competencias para ello.
La diputada del PP ha defendido que se proteja y fomente el uso del valenciano, pero una cosa es eso, ha dicho, y otra es "imponer y castigar a quienes usen cualquiera de las dos lenguas oficiales" de la Comunitat Valenciana, y ha considerado que en un conflicto lingüístico "no se puede hacer prevalecer esta cuestión".
Asimismo, ha señalado que han esperado a la publicación del decreto para presentar el recurso porque desde el PP habían presentado alegaciones a la norma, y querían esperar a ver cuál era el resultado final.
