Foto: Isaac Buj - Europa PressVALÈNCIA. (EP) PP y Vox han firmado este miércoles un acuerdo para la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern, en virtud del cual los de Santiago Abascal no entrarán en el Govern pero sí en los consells insulares de Mallorca y Menorca.
Los portavoces de ambas formaciones, Sebastià Sagreras (PP) e Idoia Ribas (Vox), han firmado el acuerdo gracias al cual los diputados de Vox facilitarán con su abstención la formación al PP de un ejecutivo autonómico en solitario.
En todo caso, las direcciones de los partidos en Mallorca y Menorca han alcanzado acuerdos también para apoyar las investiduras de Llorenç Galmés y Dolfo Vilafranca como presidentes insulares, asumiendo, en este caso sí, carteras en las instituciones insulares.
El acuerdo incluye 110 puntos programáticos para "lograr el fin de las políticas socialistas y separatistas en las Islas aplicadas por el anterior Govern, así como las bases para un cambio en Baleares que atienda prioritariamente problemas como la falta de libertad lingüística, el acceso a la vivienda, la bajada de impuestos, el apoyo a la familia o la lucha contra la inmigración ilegal".
Según han señalado, se creará una Comisión de Seguimiento que se reunirá periódicamente para evaluar el grado de cumplimiento y ejecución de cada una de las medidas pactadas y revisará las
acciones legislativas previstas por el Govern.
Además, Vox se ha comprometido a "dar estabilidad" al Govern del PP y no presentar enmienda a la totalidad de los Presupuestos autonómicos en toda la legislatura, mientras no se incluya el acuerdo.
El acuerdo sellado este miércoles contempla más de un centenar de medidas programáticas en relación a varios ámbitos, especialmente en materia lingüística, sanidad, turismo, gasto público, seguridad y acceso a la vivienda.
En materia lingüística, el acuerdo contempla la creación de una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística que sustituirá a l a actual Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. En esta línea, el acuerdo fija la libre elección de centro y la primera lengua de escolarización y el compromiso de extender este derecho al resto de etapas.
"Modificaremos las normas que supongan imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales y se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública", dice el texto.
El pacto avanza, también en materia educativa, en la voluntariedad de las actividades extracurriculares y en la suspensión de la aplicación de la Lomloe y la recuperación de las notas numéricas.
El documento introduce el concepto de violencia intrafamiliar, asegurando que se apoyará y asistirá a las víctimas de esta realidad, "en especial la que sufren las mujeres, los niños y los ancianos".
PP y Vox instarán igualmente al Gobierno central a identificar a los violadores que han quedado en libertad gracias a la ley del "solo sí es sí". Las formaciones se comprometen también a llevar a cabo una auditoría "para identificar y llevar a los tribunales" a los implicados en los casos de menores tuteladas abusadas sexualmente.
Entre las medidas en materia sanitaria, figura como prioridad la eliminación del requisito lingüístico y la revisión del plus de insularidad con el fin de adaptarlo al coste real de la vida en Baleares.
PP y Vox han acordado igualmente la derogación de la ley de memoria democrática para "buscar la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil". En todo caso, el acuerdo recoge que se harán políticas para facilitar la recuperación de restos "sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos". También señalan que se evitará la destrucción de monumentos.
En materia de vivienda, ambas formaciones han señalado que acabarán con las políticas "intervencionistas, prohibicionistas y de ataque a la propiedad privada" desarrolladas en los últimos ocho años.
En el caso de una okupación, recoge el documento, "los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado".
PP y Vox también potenciarán la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "dada la evolución de las llegadas en patera a las costas de Baleares".
"Aseguraremos el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios para el Govern", apuntan.
En materia de fiscalidad, las formaciones acuerdan aprobar dentro de los primeros seis meses de legislatura una "reducción contundente" del IRPF y, en los 100 primeros días de legislatura, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para todas las herencias entre padres e hijos, abuelos y nietos y entre cónyuges; así como al 50% entre hermanos o entre tíos y sobrinos.
También se fija la supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de la primera vivienda habitual para menores de 30 años.
El documento incluye la exigencia al Estado de un nuevo marco de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para la sostenibilidad de los servicios esenciales y la administración pública; así como la reclamación de la compensación de las desventajas de la insularidad.
En otros de los puntos, se incluye la negociación de un nuevo convenio de carreteras para mejorar la seguridad viaria de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
En materia turística PP y Vox se fijan la "lucha contra la turismofobia" con una hoja de ruta clara "no sometida a vaivenes coyunturales ni partidistas velando siempre por el bienestar presente y futuro de la población residente".
El próximo Govern derogará las moratorias y "los apartados lesivos por su carácter prohibicionista e intervencionista" de la ley turística y de la de Menorca Reserva de la Biosfera. "Apostaremos por el turismo de calidad, incluido el turismo náutico, cinegético, gastronómico, deportivo y cultural", señalan.
También adelantan la creación de un fondo finalista para la reconversión y modernización de destinos con cargo al ITS, el factor de insularidad del REB y los fondos Next Generation.
El acuerdo contempla también la defensa del turismo de cruceros "por su impacto en el comercio, la restauración y otros sectores estratégicos". Al mismo tiempo, se incluye la lucha contra el intrusismo y la venta ambulante ilegal, especialmente en las zonas turísticas.
El documento, por otra parte, asegura que "la correcta y eficiente gestión del dinero de los ciudadanos de Baleares y la transparencia y buen gobierno serán los signos distintivos del nuevo Govern".
En esta línea, se contratará una auditoría de cada uno de los organismos, empresas y entes públicos y se eliminarán "aquellos que no reporten beneficios claros para la ciudadanía y supongan un gasto superfluo o con fines ideológicos".
El pacto, añaden, apostará por un modelo de radio y televisión pública que sea "racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad de Baleares". También se apunta al estudio de las duplicidades competenciales entre el Govern y los consells insulares.
En materia de mundo rural y medio ambiente, entre las medidas sobresale la aprobación de una ley de costas, la exigencia de la modificación de la ley estatal en esta materia, así como la defensa de la caza compatible con la conservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad.
