El PPCV afirma que la práctica multada por la UE arrancó con el gobierno de Joan Lerma

VALÈNCIA. (EFE). El diputado autonómico del PP Rubén Ibáñez ha asegurado que la práctica que ha sido multada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) arrancó en 1988, con el Gobierno del socialista Joan Lerma, siendo jefe de gabinete el president de la Generalitat Ximo Puig.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler ha replicado que estas afirmaciones son una "broma de mal gusto", pues en tiempos del PSPV eran "nimias" las facturas que existían en los cajones, mientras que lo que hicieron los populares fue intentar "esconder" más de mil millones anuales, sobre todo en el área de Sanidad.

Ambos se han pronunciado así en los pasillos de Les Corts, después de que el TJUE haya desestimado el recurso presentado por España contra la multa de 18,93 millones de euros que le impuso el Consejo de la UE por manipulación de las estadísticas del déficit de la Comunitat en la etapa de gobierno del PP.

"Esto es una práctica que se venía realizando", ha dicho Ibáñez, quien ha señalado que se trata de una práctica "absolutamente técnica" que hace la Intervención de la Generalitat y que "está ajena a cualquier intencionalidad política".

También está ajena, según el parlamentario popular, "de cualquier mala fe" y ha destacado que el Gobierno de Alberto Fabra (PP) "puso fin a esto cuando tuvo conocimiento con el registro de facturas y las cuentas 409 y 411", en las que hoy la Conselleria de Sanidad "tiene más de 1.100 millones en facturas pendientes de pagar".

"Es algo que viene de hace muchísimos años, del gobierno socialista de Lerma", ha insistido Ibáñez, quien ha señalado que también se culpa al Gobierno de que no informara al Euroestat de estas facturas.

El diputado del PP ha dicho que ahora no se puede hacer otra cosa que "acatar la resolución" del tribunal europeo, y sobre quién debe pagar la multa, ha señalado que es algo que deben dirimir el Gobierno central y valenciano, aunque ha indicado que Soler dijo en sede parlamentaria que la Generalitat ya había adelantado el dinero.