Jueces y fiscales durante la apertura de Año Judicial. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El PPCV que dirige Carlos Mazón planea iniciativas tanto en Les Corts como en el Congreso para impulsar un cambio en la ley orgánica del Poder Judicial con el que los jueces sean los que elijan a los miembros de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Los populares incluían ya esta propuesta en el programa electoral con el que se presentaron a los comicios autonómicos del pasado mayo y ahora la quieren llevar adelante, aunque en la práctica todo depende de una reforma a nivel nacional. "Apoyaremos y promoveremos la reforma legal para que se elimine la potestad autonómica mediante la cual Les Corts pueden designar plazas en las Salas de lo Civil y Penal del TSJCV, de forma que sean los propios jueces quienes decidan la provisión de las mismas", prometían en el texto con el que se concurrieron el 28M.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat lo conforman tres salas: la de lo Civil y Penal; la de lo Contencioso-Administrativo; y la de lo Social. La primera, que es a la que se referiría la modificación de la ley, asume las demandas de responsabilidad civil contra el presidente de la Generalitat, los consellers y los diputados autonómicos. También cuando estas demandas se dirijan contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualquiera de sus secciones.
Se encarga, igualmente, de los recursos de casación y el extraordinario de revisión contra resoluciones de órganos judiciales del orden civil con sede en la Comunitat Valenciana, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del Derecho Civil Foral Valenciano.
Como sala de lo penal, asume las causas contra aforados; los recursos de apelación contra las sentencias del Tribunal del Jurado; o la decisión de las cuestiones de competencia entre los distintos órganos jurisdiccionales del orden penal.
Entre otras cuestiones, por tanto, estos magistrados se encargan de decidir sobre asuntos que afectan tanto a los miembros del Gobierno valenciano como a los diputados de Les Corts, que se encuentran aforados. Se trata de una condición establecida por ley por la que es otro tribunal distinto al que correspondería al resto de los ciudadanos el que se encarga de la causa que afecta a estos cargos políticos.
Han sido diversos los ejemplos de asuntos de trascendencia que han recaído en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV en los últimos años. Por ejemplo, la citación como imputada a la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra por la gestión desde la Conselleria de Igualdad de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. También el archivo de las querellas contra el exjefe del Consell Ximo Puig y la que fuera consellera de Sanidad Ana Barceló por la gestión de la pandemia. O la inadmisión de la denuncia contra Puig por cesar a Oltra para que cobre el paro.
Especialmente en el caso de Oltra –y por citar un procedimiento que ejemplifica la importancia de quién forma parte de esta cúpula judicial–, la composición de la Sala despertó interés. Estuvo presidida por Pilar de la Oliva, presidenta del TSJCV de Valencia, quien formó tribunal con los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres. Torres fue durante años fiscal Anticorrupción y el último en ser elegido para ocupar un puesto de magistrado en esta Sala cuando contó con una plaza vacante. En 2018, los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) lo incluyeron en la terna que, a través de Les Corts, propusieron al Consejo General del Poder Judicial, quien lo acabó nombrando.
Todo este procedimiento es el que ahora cambiaría con una modificación legal. De manera que las formaciones del Gobierno ya no aprobarían nada en Les Corts, sino que los propios jueces elegirían desde el inicio del proceso a los candidatos a ocupar estos puestos. En un lugar, además, especialmente sensible por asumir casos directamente relacionados con políticos.
Al tener que articularse todo a través de una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, ésta debería contar con mayoría en el Congreso. Es decir, con los partidos que apoyan al Gobierno. El PP no ha aterrizado todavía la literalidad de la propuesta y su concreción –cómo quedaría el redactado de la norma–. Pero el plan es que pase primero por Les Corts. En principio, la lógica indica que sería mediante una proposición no de ley. Los populares impulsarían con ello el debate sobre un texto que instaría al Ejecutivo central a acometer la modificación legal y obligaría al resto de grupos –incluyendo a los de izquierdas– a posicionarse a favor o en contra.
Con la tramitación de los Presupuestos –y la ley de Acompañamiento– casi en marcha, es probable que la iniciativa sobre la elección de los juces se deje para cuando ya hayan sido aprobadas las cuentas. En definitiva, sería ya en el nuevo periodo de sesiones del próximo año.
Una vez pasase por el Parlamento autonómico, fuentes del PP señalan que los diputados del Congreso recogerían el guante y plantearían otra proposición no de ley en la Cámara Baja. Además, ésta iría en línea con las promesas de Alberto Núñez Feijóo para despolitizar la justicia. Esto forzaría, de nuevo, a los partidos de izquierda a posicionarse sobre el asunto.
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