El presidente del CES marca como referencia la doctrina del TSJ para la futura ley de función pública

VALÈNCIA. (EP) El presidente del Comité Económic i Social de la Comunitat, Carlos Alfonso Mellado, ha indicado, sobre la elaboración de la futura Ley de la Función Pública Valenciana, y tras la anulación parcial por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) del decreto que prioriza el uso del valenciano en la administración, que "la doctrina de un TSJ es una referencia que hay que tener en cuenta", aunque no es un "valor absoluto".

Así lo ha manifestado este viernes, tras la sesión del pleno de esta institución, en preguntas de Europa Press sobre si la sentencia no firme del TSJCV, en la que deja sin efecto 11 artículos y una disposición final del Decreto 61/2017 que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat, debería tenerse en cuenta en la elaboración de la futura Ley de la Función Pública Valenciana.

Carlos Alfonso Mellado ha explicado que el decreto anulado parcialmente no se sometió al dictamen del CES, mientras que la Ley de Función Pública Valenciana "razonablemente sí que la debe deliberar este comité".

En este sentido, ha señalado que "evidentemente la doctrina de un Tribunal Superior de Justicia hay que tenerla en cuenta", aunque "no quiere decir que sea un valor absoluto", porque "la doctrina cambia" y "por encima del TSJ hay otros organismos". "Pero evidentemente es una referencia que hay que tener en cuenta, nosotros en los dictámenes la solemos tener en cuenta", ha agregado.

Influencia de las decisiones judiciales

Sobre la influencia que decisiones judiciales como la del TSJCV puede tener en la tramitación de leyes, ha puesto el ejemplo de la Ley de Servicios Sociales: "Dictaminamos una serie de cosas, la Generalitat nos ha contestado, además en una contestación que nos ha gustado muchísimo, diciendo qué cosas asume de nuestro informe, el 70% de nuestras observaciones o más. Y algunas que no asume, precisamente, razona que entiende que hay doctrina judicial del TSJCV que orientaría otra solución", ha ilustrado.

Por otro lado, y preguntado sobre si el CES emitió dictamen sobre el decreto sobre el uso del valenciano en la administración pública, ha explicado que no y ha remarcado que "se va a repasar" las normativas que examina el comité.

"Lo vamos a repasar porque pensamos que algunas leyes, esta en concreto a lo mejor no tendría que haber venido al consejo, pero sí que hay alguna ley que debería haber venido y no ha venido. El impacto social y económico de las leyes muchas veces desborda el propio título de la ley, y a veces se tiene en cuenta el título de la ley y no el contenido. La del uso del valenciano en concreto no requería dictamen del comité", ha zanjado.