CASTELLÓN (EP). El primer imputado en declarar en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación de Castor, Jesús Gómez de las Heras, coordinador del informe que elaboró el Instituto Geológico y Minero (IGM) en 2007 para el Ministerio sobre dicho proyecto, ha señalado que él sólo informó sobre los extremos que le habían sido requeridos y que desconocía "por completo" la existencia de riesgos de sismicidad en la zona.
Así lo ha señalado a los medios de comunicación el abogado de la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular, Jorge Casal, al finalizar la declaración del imputado, que ha comenzado hacia las 9.50 y se ha desarrollado hasta las 13.00 horas.
Según ha explicado el letrado, el imputado "era uno de los funcionarios que emitió un informe sobre la idoneidad o aptitud de la estructura subterránea para albergar un almacén de gas natural". "Su declaración se ha limitado a poner de manifiesto que él únicamente informó sobre los extremos que le habían sido requeridos y que desconocía por completo la existencia de riesgos de sismicidad en la zona", ha dicho.
"No tenía constancia de estos riesgos porque en los extremos sobre los que debía de versar su informe no se le había planteado esa cuestión", ha añadido.
Respecto si se ha preguntado al imputado si el Instituto Geológico y Minero admitía que no tenía conocimientos suficientes como para valorar qué podía ocurrir si había una inyección de gas en el subsuelo, el abogado ha indicado que de las Heras se ha pronunciado sobre este particular y ha insistido en que "no tenían conocimiento porque no se les había facilitado ningún testimonio sobre la existencia de posibles riesgos sísmicos derivados de la inyección". Así mismo el imputado ha dicho que desconocía si se trasladó algún técnico del IGM a la zona, según el representante legal de Arca Ibérica.
El abogado ha manifestado que "de lo que se trata es de delimitar la responsabilidades de los diferentes órganos administrativos que intervinieron en el proceso de concesión del permiso de explotación a la empresa". "Es evidente, en nuestra opinión, que se ha obviado en el procedimientos administrativo un elemento muy importante como es la evaluación de los riesgos sísmicos derivados de la actividad", ha subrayado.
Por su parte, el imputado, que ha respondido a todas las partes a excepción de las defensas, que no han realizado ninguna pregunta, ha declinado realizar declaraciones a los medios y se ha limitado a señalar que lo que tenía que decir ya lo había dicho.
Por otro lado, el fiscal jefe de Castellón que inició la denuncia que provocó la apertura de la causa, José Luis Cuesta, ha recordado que los hechos denunciados se refieren a los movimientos sísmicos que se apreciaron en la zona de Vinaròs en octubre de 2013. "Se trata de reconstruir toda la historia de la tramitación del proyecto y que ha desembocado precisamente en algo que, en principio, entendemos que no se debía de haber producido de haberse hecho una tramitación adecuada", ha dicho.
Según ha explicado, "tratamos de ver la responsabilidad en la que han podido incurrir tanto la Administración como posteriormente la empresa". Cuesta, que ha señalado que en el proceso está prácticamente toda la documental incorporada, ha destacado que se trata de averiguar por qué no se realizó un estudio sobre la sismicidad de la zona "cuando creemos que es algo que se puso de manifiesto en el trámite de información y consultas y, por tanto, debía de haberse completado".
El fiscal jefe no ha descartado que pueda ampliarse el número de imputados, "pues la investigación va progresando y, a medida que se van tomando declaraciones, puede ampliarse el ámbito de personas que pueden se imputadas". Preguntado por el lugar de celebración del juicio, ha asegurado que la "base jurídica que hay para que se celebre aquí es sólida".
Antes de comenzar la declaración del primer imputado un grupo de unas 20 personas pertenecientes a la Plataforma Ciutadana en Defensa de del Terres del Sènia se ha concentrado detrás de dos pancartas para mostrar su oposición al proyecto Castor.
El portavoz de este colectivo, Joan Ferrando, ha destacado que han querido hacer acto de presencia en el inicio de este procedimiento judicial "porque pensamos que es el inicio de las investigaciones que tendrán como resultado sentencia condenatoria que demostrará que se han producido delitos medioambientales que nos han perjudicado al territorio y a las personas que habitan en él, provocándonos daños morales y algunos físicos que tendrán que pedirse como indemnizaciones".
Así mismo, ha apuntado que para la Plataforma es "fundamental" que la fase de instrucción se desarrolle en el juzgado de Vinaròs "aunque la empresa ha intentado que el juicio se lleve a Madrid, pues es aquí donde se ha hecho el daño y es aquí donde deben dar respuesta a la justicia".
Tras la denuncia de la Fiscalía, el juez abrió la causa por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales e imputó a 18 personas. La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, así como contra la mercantil Escal UGS.
En la causa están presentes la abogacía del Estado para representar a todos los funcionarios imputados, dos acusaciones populares -Arca Ibérica y Responsabilidad y Transparencia-, una acusación particular que representa a una perjudicada y dos abogados de Escal -uno para representar al presidente Recaredo del Potro y otro al resto de la empresa-, entre otros. Las dos próximas declaraciones de imputados tendrán lugar este martes y el próximo jueves.
