El proyecto del polideportivo de Benicalap presentado por el VCF reabre el debate de la ATE

VALÈNCIA. El Valencia Club de Fútbol presentó este jueves el proyecto actualizado para la construcción del nuevo pabellón de Benicalap. Un movimiento que no por esperado deja de ser noticia, a juzgar por la delicada situación en la que se encuentra la posible prórroga de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Nou Mestalla solicitada por el club a la Generalitat Valenciana.

La administración autonómica ha de decidir antes del próximo 16 de julio si accede o no a la solicitud de prórroga de plazos de la ATE, y uno de los compromisos del Valencia recogidos en la actuación es precisamente este pabellón. Así pues, la presentación del proyecto se produce a poco tiempo de que se tome la decisión definitiva sobre la ATE.

El pasado 10 de mayo, la edil de Desarrollo Económico, Pilar Bernabé, mantuvo un encuentro con los técnicos del Valencia CF al objeto de analizar los trabajos realizados en cuanto al pabellón de Benicalap. Entonces, la concejala aseguró que el proyecto presentado por el club se adecuaba a las necesidades de la ciudad pero pedía que se solucionaran varias cuestiones técnicas que eran importantes para el consistorio, algunas cuestiones en términos de sostenibilidad y de accesibilidad. 

Por eso, entonces Bernabé instaba al Valencia a presentarlo de nuevo corregido antes del 1 de julio, dado que era el período óptimo para conseguir la licencia correspondiente y poder iniciar las obras cuando tenía previsto el club, en enero de 2022.

En este sentido, la presentación del proyecto por parte del club se puede entender como un paso para avanzar en los compromisos recogidos en la ATE. La primera fase ya está incumplida desde 2018 por la no construcción del hotel de Expo Grupo en la Avenida de Aragón y la segunda fase se encamina a su incumplimiento no sólo por la falta del polideportivo de Benicalap.

Ahora, la cuestión a dilucidar es si el proyecto y la voluntad manifestada por los dirigentes es suficiente para conceder la prórroga al Valencia. Este viernes, Bernabé aseveró que el pabellón es un compromiso del Valencia CF con la ciudad y con los vecinos de Benicalap desde 2007 y que ha presentado el proyecto "14 años después el Valencia". Asimismo, dijo que no es vinculante "con sus obligaciones con la ATE y que "no sería honesto utilizar esto, ni por parte de la propiedad ni de nadie que defienda esa posición, decir que presentar un proyecto que debería haber sido presentado hace 14 años le exima de cumplir sus obligaciones con la ATE".

Así pues, la edil de Deportes insistió en que el informe dónde el consistorio pedía las modificaciones técnicas ecesarias "no se han cumplido" con el nuevo proyecto, de manera que a juicio de la concejala socialista, los compromisos del club siguen sin registrar ningún avance.

El PSPV es el partido que tanto nivel municipal como a nivel autonómico -dirige la Conselleria de Obras Públicas a través de Arcadi España- ha mostrado una postura más dura de cara a la petición de prórroga por parte del club. Compromís, por su lado, ha manifestado mayor flexibilidad. Lo ha hecho tanto el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, como en la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent y que, a la postre, tiene la última palabra al respecto.

Es la Conselleria de Economía de Compromís, previo informe vinculante del departamento de Política Territorial, la que debe remitir antes del 16 de julio una respuesta oficial al club sobre su petición de prórroga, en la que la entidad se compromete a iniciar la construcción del polideportivo de Benicalap en 2022 y finalizarlo en diciembre de 2023, así como retomar las obras del nuevo estadio a mediados de 2024 para culminarlo a mediados de 2026.

Así, Economía emitirá una respuesta basándose en el mencionado escrito vinculante de Política Territorial sobre la petición de prórroga, en el informe del Ayuntamiento, que desaconseja ampliar los plazos, salvo que el club ofrezca garantías económicas, y en el documento presentado recientemente sobre la penalidad de 2,3 millones de euros por incumplimiento de la primera fase de la ATE.