VALÈNCIA. El PSOE y Junts alcanzaron este jueves un acuerdo para que el partido de Carles Puigdemont apoye la investidura de Pedro Sánchez. Un acuerdo que recoge también las discrepancias entre ambos partidos, que quedan expuestas y pendientes de negociación. Entre ellas, las de materia económica.
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Así, en el ámbito de la financiación autonómica. el PSOE acepta, como ya se vislumbraba en el acuerdo con ERC, "un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña". El pacto con ERC, más concreto, recogía la creación, en el primer trimestre de 2024, de una "comisión bilateral" entre el Gobierno y la Generalitat para abordar la financiación autonómica y las inversiones del Estado en Cataluña.
Entre las discrepancias del documento PSOE-Junts destaca la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña, propuesta por el partido de Puigdemont. Actualmente están cedidos el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales (hidrocarburos, electricidad, bebidas alcohólicas...). Cesión que se ha ido otorgando por parte del Estado en las últimas décadas por la presión de los nacionalistas catalanes.
También se expone en el documento que Junts "propondrá de entrada una modificación de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las CCAA) que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat".
Sin haber un rechazo expreso del PSOE a estas reivindicaciones, lo que se expone a continuación es la propuesta de los socialistas, de "medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña".
En lo que sí hay acuerdo es en abordar "los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años". Desde que se desencadenó el procés, Cataluña vive una sangría de salida de sede social de empresas, algunas tan importantes como Caixabank -a València- y Banco Sabadell -a Alicante-, sin que se haya producido un regreso masivo después de seis años.
Otro aspecto importante en el que hay acuerdo es en "la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio".
En el documento, PSOE y Junts acuerdan apostar "por la negociación y el acuerdo" en la "resolución de conflictos". El texto, firmado por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, admite la existencia "profundas divergencias" que han dado lugar a un conflicto "que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución" porque seis años después "la cuestión de fondo sigue sin resolverse".
En este sentido se comprometen a buscar "una solución política y negociada al conflicto", según lo definen, a pesar de que existen "discrepancias estructurales" entre las partes y pese a la distancia que separa ambos proyectos nacionales.
"PSOE y Junts asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio existe una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable", señalan. A renglón seguido indican que la resolución debe ser "negociada y acordada" y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores a los que las urnas les han dado esta posibilidad.
"Por ello, PSOE y Junts apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya", indican a continuación.
Asimismo, señalan que los acuerdos que se alcancen deben responder a las "demandas mayoritarias" del Parlament de Cataluña "de acuerdo con el Estatut" que tiene carácter de ley orgánica, y representa legítimamente al pueblo de Cataluña, según subrayan.
El acuerdo, por tanto, señala que ambas partes acturán en base a la negociación y el acuerdo sin hacer mención a la renuncia de la unilateralidad, una de las cuestiones que estaban sobre la mesa y que la parte socialista podía exigir a Junts.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral