VALÈNCIA. Donde dije digo, digo Diego... y renovables según dónde. El debate sobre el despliegue de las renovables en la Comunitat Valenciana está produciendo escenas de todo tipo en el panorama político valenciano: división en el tripartito para enmendar la Ley de Medidas Fiscales, ceses de altos cargos, fijación de modelos por partidos o, incluso, acuerdos de última hora para evitar la ruptura casi por completo como sí ha ocurrido en otros debates -véase en el Impuesto de Sucesiones, donde los socialistas han validado sus propuestas con el apoyo de la oposición-. 

Las situaciones inverosímiles, sin embargo, no han terminado con el pacto PSPV, Compromís y Unides Podem de la semana pasada por el que se creaba la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN). Sino que este lunes continuó con los cambios que proponen las otras 24 enmiendas de renovables a la Ley de Acompañamiento de 2023 en las que las tres fuerzas siguen guardando sus diferencias y no hay entendimiento que valga. 

El lunes Les Corts acordaron reclamar al Gobierno de España la "paralización inmediata" del proyecto Magda, un megaparque solar de 4,7 millones de metros cuadrados en Castelló -el mayor de la provincia-, impulsado por dos empresas, una francesa y una china. Una propuesta plasmada en una Proposición No de Ley de Compromís que sumó los apoyos de Unides Podem, pero también del PSPV, que en definitiva pedía frenar este proyecto "de gran afección paisajística". 

El acuerdo podría pasar desapercibido si no fuera por el contenido del texto aprobado. No en vano, la resolución no solo instaba al Consell a dirigirse al Gobierno central -dado que es competencia estatal- para exigirle "paralizar" Magda, sino también "otros proyectos energéticos de afección territorial parecidos" en la Comunitat. Una petición en línea con el modelo de renovables que tiene Compromís, donde se priman pequeñas plantas distribuidas por todo el territorio frente a pocas y grandes instalaciones fotovoltaicas.