Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA. El Gobierno valenciano aprobó este viernes el proyecto de Ley de Comercio Sostenible, impulsada por la Conselleria de Economía que controla Compromís, ley que había sido frenada por el bloque socialista del Consell el pasado mes de noviembre.
El proyecto ha salido adelante sin modificaciones respecto a lo redactado hace tres meses, lo que significa que los socialistas, reticentes por las objeciones argumentadas por las organizaciones empresariales, han cedido al menos en el Ejectutivo.
No obstante, la ley podría 'morir' en el Legislativo si Les Corts no se da prisa en la tramitación, ya que quedan apenas dos meses de legislatura, con Fallas y la Magdalena por medio, y unas cuantas leyes que tramitar. De hecho, el proyecto se acompaña de una solicitud a la Mesa de Les Corts para que lo tramite por el procedimiento de urgencia, como ya ocurrió la semana pasada con el proyecto de Ley Integral de medidas contra la Despoblación en la Comunitat Valenciana.
En caso de acabarse la legislatura sin aprobarse, el proyecto decaería y tendría que retomarse por el nuevo Consell, aunque podría aprovechar la tramitación ya realizada si aprobara el mismo proyecto sin modificaciones.
La Conselleria de Hacienda que dirige Arcadi España bloqueó la iniciativa de la Conselleria de Economía que comanda Rafa Climent alegando falta de consenso con los empresarios. La polémica se centraba en uno de los aspectos centrales de la norma, la que tiene que ver con la creación de las áreas de promoción económica urbana (APEU), una figura jurídica equiparable a las Entidades de Gestión y Modernización que ya existe en el caso de los polígonos industriales con la que se pretende revitalizar áreas de especial intensidad comercial.
Estas APEU pueden crearse por acuerdo entre la mayoría de los comercios ubicados en un área territorial concreta y por un periodo de hasta cinco años. Aunque su constitución es voluntaria, la pertenencia a la misma sí es obligatoria para todos los negocios de su ámbito de influencia y, por ende, el pago de las correspondientes cuotas aprobadas por cada Ayuntamiento para financiar sus actividades. Su función sería la gestión, mediante colaboración público-privada, de los servicios de las empresas pertenecientes a la misma y para sus clientes, así como la mejora de su entorno urbano.
La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) alegó contra el anteproyecto de ley y pidió la supresión de los cinco artículos que tienen que ver con los centros comerciales urbanos, entre los cuales están los artículos que regulan la forma de constituir la APEU y el pago obligatorio de cuotas por parte de todos los locales comerciales dentro de sus límites.
Según la patronal que preside Salvador Navarro, la regulación de esas APEU debe establecerse mediante una ley específica "fruto del consenso entre los diferentes sectores afectados (comercio, hostelería, servicios...)" dejando únicamente para la Ley de Comercio Sostenible los "principios generales" pero no se desarrollo reglamentario.
El Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES), en su dictamen sobre el mismo anteproyecto, también concluyó que las APEU de la Comunitat deberían regularse mediante una ley específica –como ya ha ocurrido en alguna comunidad autónoma– de carácter transversal y que esté "consensuada entre los diferentes sectores y agentes afectados, respetando en todo caso la libertad de asociación de los establecimientos afectados por el ámbito territorial del APEU".
Además, el CES refuerza su postura poniendo de manifiesto que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ya está tramitando una Ley de áreas de promoción de iniciativas económicas (APIE), cuyo objetivo es establecer un marco común que siente las bases para su creación y funcionamiento.
Compromís defiende la obligatoriedad de pertenencia de los negocios a la APEU porque su creación es voluntaria y requiere de un acuerdo explícito y mayoritario de los locales comerciales de una determinada zona. Además, la coalición recuerda que el sector comercial venía reclamando desde hace tiempo la regulación de este tipo de figuras de gestión y que el propio Gobierno central las ha promovido desde el Ministerio de Comercio con una "propuesta normativa" para la creación de lo que en inglés se conoce como business improvement districts (BID).
