El conseller de Economia, Rafa Climent. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las áreas de promoción económica urbana (APEU). Es una de las apuestas y una de las novedades que la futura Ley valenciana de Comercio Sostenible recoge en su articulado y que pretende revitalizar áreas de especial intensidad comercial en los municipios de la Comunitat.
El Consell dio luz verde el pasado viernes al anteproyecto de Ley, que ahora deberá contar con el visto bueno de los órganos consultivos para, más tarde, pasar a su tramitación parlamentaria en Les Corts Valencianes, donde puede sufrir algunas modificaciones. Pero el esqueleto ya recoge la regulación sobre las nuevas áreas de promoción económica urbana, que ya se aplican en otras regiones de España y de Europa.
De acuerdo con la normativa que ha impulsado la Conselleria de Economía, que dirige el conseller Rafa Climent, las APEU serán áreas de una localidad bien delimitadas que cuenten con especial densidad comercial y en la que se integrarán los negocios de la zona para dinamizarla, mejorar el entorno urbano y potenciar la competitividad de su actividad económica. Así, se trata de una suerte de colaboración público-privada que, entre otras cosas, se encargará de mejorar los servicios del entorno para sus empresas y clientes.
La gestión de estas zonas se articulará mediante la creación de asociaciones privadas sin ánimo de lucro conformadas por las empresas y autónomos que desarrollen su actividad en estos enclaves. Según el anteproyecto de ley, los agentes económicos de un área de estas características podrán impulsar la creación de una APEU, para la que deberá explicitarse una delimitación territorial concreta, y su período de vigencia deberá oscilar entre tres y cinco años prorrogables.
Para su creación será necesario el "apoyo explícito de la mayoría" de los negocios del territorio en cuestión y siempre surgirán de un "proceso democrático y transparente" con "amplia participación pública de los agentes económicos afectados". Deberá, asimismo, aprobarse un convenio con el ayuntamiento del municipio. Pero una vez creada por "mayoría", la adscripción de todos los negocios a la APEU debe ser obligatoria, y el ayuntamiento podrá fijar "contraprestaciones económicas obligatorias o cuotas" para financiar las actuaciones de la asociación.
En ese sentido, la normativa defiende la obligatoriedad de la pertenencia de los negocios a la APEU arguyendo que estas entidades no se crean "automáticamente por la ley" sino que "solo pueden ser creadas a iniciativa y por aprobación mayoritaria" de los locales comerciales afectados "con unos objetivos colectivos muy concretos y con una duración temporal". E insiste en que pertenecer a estas entidades "no imposibilita de ninguna de las maneras el paralelo y libre ejercicio del derecho de asociación" de sus miembros.
A la postre, son "nuevas formas de gestión comercial y de sus espacios" que el sector comercial venía reclamando desde hace tiempo y que, de hecho, cuenta con el impulso también del Ejecutivo central. Sin ir más lejos, en 2019 el Ministerio de Comercio remitió a todas las comunidades una "propuesta normativa" para la creación de estas zonas, que en inglés reciben el nombre de Business Improvement Districts (BID).
Con todo, y tal como explica la directora general de Comercio, Rosana Seguí, se trata de una herramienta que deberá ser desarrollada a nivel normativo con un reglamento posterior que elabore la Conselleria de Economía una vez Les Corts Valencianes validen esta ley.
Será entonces cuando, según la normativa en trámite, se fije “a quién corresponde la iniciativa” de una APEU y cuál es el procedimiento concreto a seguir para constituirla, así como sus funciones, financiación, organización, funcionamiento interno y posibles prórrogas de la misma.
