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en valència compromís y los socialistas están de acuerdo en aplicarla

El PSPV continúa con su paripé: aprobará la tasa turística e intentará que sus alcaldes no la cobren

Foto: KIKE TABERNER
12/07/2022 - 

VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios del Botànic II aprobarán este jueves la tramitación de la ley de la tasa turística. Todos. Sin fisuras. También el PSPV, que la semana pasada exhibió en varias ocasiones las dudas que le generaba este impuesto que gravará las pernoctaciones turísticas a pesar de que los propios socialistas acordaron con sus socios de Gobierno, Compromís y Unides Podem, el texto que esta semana se votará en Les Corts. 

El grupo que lidera Ana Barceló apoyará la toma en consideración de la proposición de ley de la tasa turística. Un pistoletazo de salida que servirá para que se inicien todos los trámites parlamentarios necesarios para que el gravamen sea validado y finalmente entre en vigor. Lo harán, eso sí, a regañadientes y con enredos, pues la orden a la interna será la indicar a sus alcaldes que no la apliquen. Es decir, aprobarla para que en sus ayuntamientos no se ponga en marcha.

La semana pasada, la síndica del PSPV evitó pronunciarse en la Junta de Síndics sobre cuál sería el posicionamiento de su grupo cuando la proposición de ley iniciara su tramitación parlamentaria. Barceló esquivó las preguntas de los periodistas hasta en cuatro ocasiones y se limitó a subrayar que el "compromiso" con sus socios era presentar la propuesta, pero no votar a favor. 

Más tarde emplazó a la reunión que mantendrían con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) este lunes para resolver la incógnita de qué votarían sus señorías e hizo hincapié en que la tasa no entraría en vigor hasta 2024, puesto que ya se validó una moratoria de un año desde que se publicara el texto definitivo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).  

Y, con todo, en la reunión de este lunes los socialistas se dedicaron a defender la ley. A pesar de los vaivenes de la semana pasada y de los tira y afloja que ya se arrastran de la legislatura pasada el PSPV lo apoyará. La puesta en escena ha servido, por tanto, solo para eso: para exhibir que ellos no están a favor de la medida.  

Con ello, también sortean la minicrisis que esta cuestión había empezado a generar entre PSPV, Compromís y Unides Podem. Mientras los socialistas jugaban la semana pasada al despiste (primero no querían pronunciarse sobre su postura, para acabar el pasado viernes sosteniendo que no era el momento de ponerlo en marcha), Unides Podem advirtió que si votaban en contra estarían rompiendo "la confianza" en el Botànic. 

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, también tomó partido al advertir que no debía haber "ningún problema" en aprobar la tasa porque el acuerdo que se llevará al pleno lo suscribieron los tres partidos del Consell. 

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, con ello, no solo desautorizó al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que días atrás se mostró totalmente en contra del impuesto en su comparecencia en el Parlamento, sino que también puso en cuestión la palabra de los socialistas: "Si tres partidos firman un acuerdo y se reafirman en él, ¿Dónde está la duda?", interpeló. 

En Sevilla quieren la tasa

Los bandazos en torno a la tasa en la Comunitat, sin embargo, chocan con el posicionamiento favorable de los socialistas andaluces, que en Sevilla han pedido la entrada en vigor de un impuesto de este tipo y que los municipios tengan la potestad de decidir si la aplican o no. 

¿Cuál es el diseño?

El diseño pactado entre los socios del Botànic II establecía una tasa de 0,5 euros que pagarían aquellos que se alojaran en campings, hostales, pensiones o albergues. Esta aumentaría hasta los 2 euros a partir de hoteles de 4 Estrellas o superior. Y como máximo se pagaría por pernoctar siete días, por lo que la cuantía nunca superaría los catorce euros. 

Se trata de un tributo autonómico exento por la Generalitat al 100% pero en el que la administración autonómica permite a los municipios establecer si así lo desean un recargo por el mismo importe. El tributo cuenta con el respaldo de sindicatos, federaciones de vecinos o expertos universitarios y con la frontal negativa de la patronal y de los partidos de la oposición.

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