El PSPV se apoya en Europa para salvar la gestión de las renovables

VALÈNCIA. El 25 de enero acaba el plazo marcado por el Gobierno central para que los proyectos de implantación de energías renovables obtengan la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Un plazo acuciante para la Generalitat Valenciana, que tras años de trabajo al ralentí, ahora trabaja intensamente para desatascar un tapón de proyectos fotovoltaicos con inversiones millonarias en el territorio valenciano.

El problema para sacar adelante este tipo de iniciativas entre las consellerias implicadas -Medio Ambiente, Territorio y Economía- hizo que el president de la Generalitat, Ximo Puig, diera el pasado mes un golpe en la mesa para fijar criterios comunes y agilizar los trámites. Propósito en el que se trabaja a diferentes niveles, especialmente el europeo, tal como dejó claro este miércoles la eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien incluso abrió la puerta a pedir mayor flexibilidad en los plazos.

Lo cierto es que la Comunitat Valenciana va atrasada en esta materia. Desde 2019, la Generalitat ha recibido 391 solicitudes de proyectos fotovoltaicos, de los que hasta diciembre se habían resuelto 113. Los 278 restantes se encontraban en proceso de evaluación, y 64 de ellos han de resolverse antes del próximo 25 de enero. "Hay que acelerar porque no estamos cumpliendo los objetivos con el marco regulatorio que había", admitió Rodríguez-Piñero, si bien apuntó que el problema no afecta a un sólo país o región.

Así, aunque la eurodiputada se mostró confiada en que "se van a poder cumplir los plazos" y que cualquier otro panorama "no está ni planteado", sí apostilló que "en caso de que no se cumplan, Europa debería estudiar medidas y ser flexible". A su juicio, la Unión Europea "ha cometido muchos errores con los plazos" en el pasado, e hizo referencia a la "inflexibilidad" con el déficit tras la crisis financiera. Pero ahora, señaló, "se ha dado cuenta de que es necesario ser flexible en todo".

En ese sentido, aseguró que lo primero es esperar a que llegue la fecha para constatar si se ha podido cumplir con la tramitación administrativa. Y más tarde, dependiendo del panorama, plantear otras medidas. De hecho, dijo Rodríguez-Piñero, cinco días antes del plazo límite -el 20 de enero- acudirá a València para reunirse con Puig la directora de Política Energética de la Unión Europea, Cristina Lobillo, al objeto de conocer "las dificultades reales" en la implantación de renovables.

Para poner en contexto estas dificultades, en el último año únicamente se han construido en la Comunitat Valenciana parques fotovoltaicos con una potencia total de 11 MW y 59 MW desde 2018, según datos de Red Eléctrica. Por comparar con otras autonomías, Castilla-La Mancha ha instalado 2.700 MW en cinco años; 918 MW en Murcia; o 3.000 MW en Andalucía. Una situación la valenciana que, según el sector, es consecuencia del embudo en la tramitación y el largo periplo burocrático que padecen los expedientes. 

La UE busca agilizar los plazos de tramitación

En este contexto, y para evitar casos como el de la Comunitat, el Consejo Europeo acordó a finales de 2022 varias modificaciones de la directiva europea de renovables que van precisamente encaminadas a reducir los trámites burocráticos y que deben ser ratificadas por el Parlamento Europeo en marzo.

Entre las medidas acordadas se encuentran, por ejemplo, la obligación de los Estados miembro de crear en un plazo de 18 meses áreas "prioritarias" en la implantación de renovables necesaria para cumplir con los objetivos de 2030. Estas zonas tendrán un "interés público superior", según dijo la eurodiputada. Y serán estos planes los que se sometan a una evaluación ambiental, en lugar de realizar un estudio para cada proyecto como hasta ahora.

A partir de aquí, el Consejo ha fijado un plazo máximo de seis meses para el otorgamiento de los permisos a los proyectos de renovables en estas zonas prioritarias. El Parlamento Europeo aprobó un plazo de nueve meses, por lo que ahora ambos organismos deberán alcanzar un acuerdo sobre este extremo, y que Rodríguez-Piñero augura que "se quedará en un punto intermedio entre seis y nueve". Para los proyectos fuera de estas zonas, el plazo máximo sería de 18 meses.

Rechazo a la tesis de los tejados de Compromís

Una de las cuestiones que ha marcado el debate de las renovables en el seno del Gobierno valenciano, conformado por PSPV, Compromís y Podem, ha sido la implantación de placas solares en los tejados, que para Compromís debería priorizarse frente a otros emplazamientos con el propósito de evitar la mayor afectación posible al paisaje. Al respecto, el Consejo ha aprobado que los plazos para dar los permisos de placas solares en tejados se fijará en un mes.

Pero Rodríguez-Piñero insistió en rechazar la postura "insuficiente" de Compromís y trajo a colación uno de los informes con los que trabaja la Comisión Europea según el cual si se llenasen de placas solares todas las cubiertas aptas para ello en suelo europeo, apenas se alcanzaría a cubrir el 25% de la demanda de energía. En el caso de España, concretamente, podría llegarse al 28%.

"Es evidente que no se puede poner el foco en los tejados para cumplir los objetivos de la transición verde", insistió la eurodiputada en rechazo del plan de Compromís. "La transición ha de ser eficaz porque el cambio climático no espera", señaló, para considerar que la opción de los tejados "está ahí y hay que aprovecharla", pero "hay que saber hasta dónde llega, hasta el 24,4%": "Sirve, pero es insuficiente", sentenció. Planteamiento que también han rechazado expertos en la materia.

Favorable a la ampliación del Puerto "respetando las leyes"

Por otra parte, la eurodiputada socialista fue preguntada por la ampliación del Puerto y el recurso presentado por uno de los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, el secretario autonómico de Igualdad, Iván Castañón (Compromís). Sobre ello, aseguró que "toda persona legitimada tiene su perfecto derecho de presentar los recursos que considere en defensa de los intereses que defiende".

Con todo, se mostró partidaria de la ampliación portuaria por ser "fundamental para el desarrollo futuro de la comunidad, su industria y su servicio" y defendió que la dimensión del comercio es "cada vez mayor" y que los puertos pequeños "no permiten la escala de los buques que se están construyendo". Por lo que apoyó la ampliación "siempre que se haga respetando las leyes y sea respetuosa con el medio ambiente". De otra manera, dijo, no se podría hacer.