VALÈNCIA. Sigue la pugna contra la liquidación del Consorcio Valencia 2007, el ente que hasta ahora gestionaba La Marina. Los últimos catorce trabajadores del consorcio han llevado a los tribunales el proceso de disolución del organismo y previsiblemente harán lo mismo con la adjudicación de los amarres del Puerto, uno de los espacios que pertenecía al consorcio y que, con su disolución, ha vuelto a manos de la Autoridad Portuaria de València, que ha adjudicado mediante una concesión.
Los trabajadores presentaron alegaciones a este proceso de concesión por parte del Puerto, cuya adjudicación se formalizó el pasado viernes. Y la pasada semana, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y el secretario general, Jorge Herrero, desestimaron dichas alegaciones advirtiendo, entre otras cosas, que el Puerto podría reclamar una indemnización si se revirtiera la adjudicación de la concesión.
"En el caso de la paralización del procedimiento de concurso para el otorgamiento de la concesión, los intereses públicos se verían gravemente afectados, lo que daría lugar, en caso de que pudiera accederse a la solicitud, a la exigencia de una caución por importe equivalente al de los perjuicios que dicha suspensión irrogara a la Autoridad Portuaria de Valencia", señala la contestación a las alegaciones presentadas por el abogado y exsíndic del PSPV, Manolo Mata, en representación de los empleados, quien prevé llevar la cuestión a la justicia.
Según el Puerto, las alegaciones no acreditan ni justifican que las decisiones tomadas a raíz de la disolución del Consorcio Valencia 2007, entre ellas la concesión de los amarres, "hayan producido o produzcan daños y perjuicios y que, además, sean de imposible o difícil reparación". Así, insiste la Autoridad Portuaria, ocurriría "todo lo contrario": a su juicio sería el Puerto el que podría reclamar "una caución" por los "perjuicios" que implicaría suspender el concurso porque "los intereses públicos se verían gravemente afectados".
Las alegaciones, formuladas dentro del proceso de información pública sobre la concesión, se centraban principalmente en la disolución y liquidación del Consorcio, la continuidad de sus actividades más allá del periodo autorizado -tanto por el Puerto como por el Ayuntamiento de València- y la subrogación del personal.
Como en el recurso judicial contra la liquidación del consorcio, en este proceso las alegaciones señalaban que el proceso no se realizó conforme a derecho, ya que no se aplicaron las leyes del sector público ni se dieron a conocer adecuadamente las decisiones, lo que, indicaba, vulneró los derechos de los empleados. Así, insistían en que "la falta de publicidad de los acuerdos y la continuidad en la actividad del consorcio ha generado un perjuicio claro para los trabajadores", quienes continuaron desempeñando sus funciones sin información clara sobre su situación laboral.
Entre las alegaciones más destacadas, se solicitaba la retroacción del patrimonio cedido mediante la concesión a empresas privadas, como Serveis Marítims Port Eivissa, S.L. y Ocibar, S.A., argumentando que dicha cesión se basaba en una liquidación defectuosa del consorcio, que según las alegaciones siguió celebrando contratos y generando gastos e ingresos más allá del plazo legal.
La APV, en su resolución, rechaza todas las alegaciones por considerarlas ajenas al proceso de la adjudicación de las instalaciones náutico-deportivas. "Las alegaciones se centran en decisiones empresariales relativas a la liquidación del Consorcio Valencia 2007, las cuales no son competencia ni están vinculadas a los acuerdos adoptados por esta entidad", señala al respecto el Puerto.
En cuanto a las acusaciones sobre la continuidad de las actividades del consorcio, la APV defiende que la autorización para la ocupación de los terrenos portuarios fue concedida dentro de los marcos legales para evitar la paralización de los servicios públicos esenciales. "El vencimiento de la autorización de ocupación no podía dejar sin gestor las instalaciones náuticas de la Marina", explica la APV, refiriéndose a la prórroga de la actividad del consorcio hasta la adjudicación definitiva de la concesión.
Así pues, el Puerto rechaza anular la concesión por falta de pruebas suficientes que demostraran la existencia de irregularidades. Además, insiste en que no se han interpuesto recursos contra la resolución que otorgaba la concesión, ni contra los actos relacionados con la ocupación administrativa de los bienes públicos portuarios. Por lo que, concluye el documento, el Puerto reafirma la legalidad de todo el proceso.