El Puerto de Valencia, obligado a reformular sus cuentas por segundo año consecutivo

VALÈNCIA. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha tenido que reformular sus cuentas anuales por segundo año consecutivo. Si el año pasado fue a instancias de la Intervención General del Estado (IGAE), que cuestionó forma en la que la entidad que preside Aurelio Martínez había clasificado una deuda de 28 millones del Consorcio Valencia 2007, esta vez ha sido tras perder un litigio que consideraba poco probable perder cuando ya tenía firmadas las cuentas de 2019.

En concreto, según explica la APV en la memoria que acompaña a las cuentas, Martínez formuló las cuentas anuales el 27 de marzo de este año y el consejo de administración las aprobó el 28 de mayo, pero entretanto el TSJ de la Comunitat falló contra la entidad portuaria en un litigio relacionado con una reclamación de responsabilidad patrimonial con indemnización de 4,47 millones de euros.

Dado que las primeras cuentas formuladas la APV no reflejaban esa perdida porque los asesores jurídicos de la entidad la consideraron remota, los responsables del Puerto optaron por reformular las cuentas para reflejar ese quebranto en los estados financieros de 2019 antes de remitirlas a la IGAE para que las auditara.

"Cuando el Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia firma el 27 de marzo de 2020 las Cuentas Anuales 2019 no se consideró como probable un litigio que después de firmadas y antes de emitir el Informe de Auditoria resultó contrario a los intereses de la entidad", destaca la IGAE.

Además, aprovechando esta reformulación, la APV realizó otra provisión de 1,22 millones en 2019 por deterioro del valor de construcciones correspondiente a la nave prefabricada de bloques de acero en los terrenos de la desaparecido Unión Naval de Valencia, en los terrenos que el Puerto de Valencia ha permutado con Grupo Boluda para construir la futura terminal de pasajeros.

En este sentido, la IGAE alerta de un "importante incremento" en los litigios que clientes y otros operadores mantienen con la Autoridad Portuaria de Valencia y recuerda la necesidad de realizar provisiones cuando exista riesgo de quebranto económico si esos litigios acabasen con resultados contrarios a los intereses de la entidad.

La IGAE comprueba los controles internos de la APV

Por ello, la IGAE explica en su auditoría que se han realizado comprobaciones sobre el control interno en el proceso de valoración de los riesgos, "recabando la opinión sobre el riesgo a los servicios jurídicos actuantes en los litigios".

La mayoría de los litigios que la APV mantiene vivos, tanto por cantidad como por volumen de dinero, están abiertos con la entidad pública Consorcio Valencia 2007, además de ser su principal deudor con 49,1 millones de euros que la APV tiene provisionados por completo porque, dada la situación del consorcio, los considera irrecuperables.

De esa deuda, casi 21 millones, corresponden a liquidaciones pendientes de tasas y tarifas por utilización del dominio público portuario y 28,19 millones se han generado por la liquidación del coste de reposición de los 23 millones de euros más IVA que la APV gastó en obras y servicios para organizar la Copa América de 2007.

La disputa entre la APV y el Consorcio por el coste de las obras viene de años atrás. El Puerto, a raíz de un informe de la Abogacía General del Estado que le daba la razón, optó en 2018 por facturarle al ente público coparticipado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento el coste de las obras de las que tuvo que hacerse cargo, pero el Consorcio se niega a pagarlas.

Durante 2019, la APV ha formalizado de nuevo reclamaciones de abono de esa deuda, pero el Consorcio ha recurrido las mismas e insiste en la creación de un grupo de trabajo para discutir sobre el importe de las liquidaciones.

La Covid se come 21 millones en ingresos

El informe de gestión de Aurelio Martínez recoge ya las previsiones sobre el impacto negativo que la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 consecuencia de la pandemia de la Covid-19 tendrá sobre los resultados de este año.

La cancelación de las rotaciones de servicios procedentes de China por parte de las navieras ha reducido sensiblemente las escalas en el Puerto de Valencia en el segundo trimestre. Por ese motivo, como informó Valencia Plaza, la APV revisó su Plan de Empresa 2021 para reconocer ese impacto y revisar a la baja las previsiones.

La APV calcula que la crisis sanitaria mermará sus ingresos en más de 21 millones de euros respecto a los 143 millones del presupuesto aprobado para este ejercicio. Además de por el descenso de los tráficos, la merma responde a la bajada de las tasas que Puertos del Estado ha aprobado este año para compensar a las empresas el impacto negativo de la crisis.

El efecto de la Covid-19 sobre el tráfico total de mercancías se calcula en alrededor de 10 millones de toneladas, de manera que confía en terminar el año con 71,63 millones de toneladas movilizadas frente a las 81,06 millones de toneladas con las que cerró 2019.