VALENCIA. El recorte de 35 millones de euros en las aportaciones que la Conselleria de Sanidad realiza al Consorcio Hospital General Universitario de Valencia ha empeorado sensiblemente la delicada salud financiera de este centro. Así consta en la fiscalización especial que la Sindicatura de Comptes ha realizado sobre sus cuentas del año pasado, en las que ha detectado "obligaciones no contabilizadas" con cargo al presupuesto del hospital por valor de 31,27 millones de euros.
A juicio del síndic, el impacto de ese agujero sobre las cuentas deja al centro en situación de "insuficiencia financiera", por lo que reitera la recomendación -lanzada ya en su informe del año pasado- de elaborar un informe de gestión "sobre las causas del desequilibrio financiero del Consorcio", así como poner en marcha un plan de saneamiento con las medidas previstas para su corrección "a fin de garantizar su sostenibilidad financiera".
La Sindicatura alerta de que el Hospital General registró el año pasado un déficit económico patrimonial de 37,08 millones de euros y subraya que su fondo de maniobra -capacidad para atender sus obligaciones a corto plazo- es negativo por importe de 26,21 millones.
Existen dos hechos que explican el empeoramiento de la situación financiera del hospital. Por un lado está la reducción en 35 millones de euros de la aportación económica que la Conselleria de Sanidad realiza cada año para financiar al centro. Por otro, la existencia de 31,27 millones en facturas de productos farmacéuticos y material sanitario registradas en la cuenta 409 (obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto), las popularmente conocidas facturas en el cajón.
Respecto al primero, el informe detalla en uno de sus anexos que la Conselleria de Sanidad acordó el pasado 29 de abril, cuando su responsable era todavía el conseller Manuel Llombart (PP), minorar en 35 millones la transferencia al Hospital General. Para calibrar la importancia del ajuste, conviene tener en cuenta que los ingresos totales previstos por el centro mediante esa vía en sus presupuestos de 2014 ascendían a 105 millones.
Sanidad redujo su aportación en ejecución de la cláusula segunda del convenio de 29 de marzo de 2006 que regula las vías de financiación del centro, calculada conforme "el sistema de financiación capitativa de la Conselleria de Sanidad".
El Hospital General presentó en 2014 un informe de alegaciones contra la decisión de la Conselleria de Sanidad por "inconsistencias en el cálculo" de la aportación para la financiación capitativa.
Como consecuencia de esa reducción en las aportaciones de la Generalitat, el Consorcio Hospital General Universitario tuvo que modificar a la baja su presupuesto por un importe neto de 24,06 millones de euros, un 11,3% menor al inicial.
La situación se vio agravada con la contabilización en el ejercicio 2014 de 19,73 millones de euros en facturas registradas en la cuenta 409 del ejercicio 2013.
Según el síndic, para interpretar correctamente el resultado presupuestario (1,53 millones de euros) habría que tener en cuenta esas facturas de 2013 más otros 31,27 millones de euros en nuevas facturas pendientes de aplicar en el presupuesto de 2014 por falta de crédito disponible.
"El efecto neto de la inadecuada imputación temporal de los gastos presupuestarios del Consorcio sería de un menor importe del resultado presupuestario de 11,53 millones de euros", detalla el síndic.
De haberse aplicado al presupuesto esos 31,27 millones de euros en facturas de farmacia y material sanitario, el remanente de tesorería sería negativo por importe de 16,94 millones frente a los 14,2 previstos inicialmente.
Por otro lado, la Sindicatura de Comptes advierte de diversos "incumplimientos significativos" detectados en los procesos de contratación. Es el caso, por ejemplo, de la construcción del nuevo edificio quirúrgico. De la revisión de la liquidación de ese contrato surgen incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público relacionados con la adjudicación del mismo en 2009.
Al respecto, asegura que "no queda garantizada la transparencia del procedimiento ni, por tanto, los principios generales de contratación" establecidos en la ley en cuanto a no discriminación, igualdad de trato y eficiencia en la asignación de recursos públicos.
Respecto a la revisión de la ejecución en 2014 del contrato para la gestión integral de la logística en el hospital y su área asistencial de influencia, licitado en 2007, el informe detalla incumplimientos como el relativo a la duración del mismo. El contrato se firmó para doce años prorrogables otros dos, cuando el plazo máximo para estos contratos de servicios es de cuatro años. Según el síndic, transcurrido ese tiempo "debería haberse sometido a una nueva licitación".
