El sector privado pide a Igualdad que unifique modalidades de colaboración público-privada

VALENCIA. El sector privado pide a Igualdad que ordene las numerosas modalidades de colaboración público-privada de las que dispone la conselleria para prestar servicios sociales. Así lo apuntaron en un desayuno organizado por Valencia Plaza y Gesmed  en el Ateneo de Valencia bajo el título 'El modelo mixto, una forma de colaboración público-privado: pasado, presente y futuro'. 

El desayuno fue inaugurado por la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra,  y en la mesa debatieron Antonio Torres, director general de Relaciones con Les Corts, Ignasi Pla, director de desarrollo corporativo de Gesmed, José María Toro, presidente de Aerte, Francesc Gamero, subsecretario de vicepresidencia y conselleria de Igualdad, y David Taroncher, presidente de Avrisem. “Hay que establecer un modelo de futuro sencillo”, señalaban. “¿Por qué tenemos que tener siete modelos para cada cosa?”.

“La construcción de residencias públicas en la Comunitat Valenciana ha estado 20 años en blanco porque la última fue construida en el año 96”, apuntaba Ignasi Pla, director de desarrollo corporativo de Gesmed. Unos espacios que ya no responden a las necesidades de la sociedad valenciana sobre los que Pla señaló la necesidad de apostar por los espacios de proximidad y pasar de las residencias de segunda generación a la cuarta con espacios cercanos, con un tono casi familiar y que se alejan de las residencias de 140-160 plazas que es costumbre ver.

Pla recalcó cómo el sector privado puede aportar innovación tanto en la gestión como en instalaciones de las residencias del sector público. Entre sus peticiones a la administración, se encontraba el repensar la duración de los contratos de gestión integral. Para poder innovar y mejorar la calidad y el espacio señaló que los contratos de dos años son muy justos para ello, mientras que antes eran de cuatro años con prórroga de dos. “Esto no ayuda a crear espacios de confortabilidad a la hora de implementar novedades”. "Hemos hecho contratos de gestión a dos años para no condicionar futuros gobiernos y evaluar el sistema”, señalaba Francesc Gamero, subsecretario de vicepresidencia y conselleria de Igualdad.

A esto sumó la necesidad de empoderar a las personas y a las familias con mecanismos que permitan evaluar de forma constante el servicio, algo que sirve para tener referencias. Pla deslizó otras fórmulas para colaborar con la administración en invertir en las instalaciones de las residencias públicas como hacerla desde el ámbito privado -supliendo esta carencia de la parte pública- a cambio de una gestión directa.

Tener en cuenta a las pequeñas residencias

El presidente de Aerte,  José María Toro, aseguraba que existen más puntos de encuentro que de desencuentro con la conselleria de Igualdad. Sin embargo, ponía en el punto de mira que, a pesar de demandar espacios pequeños como un mejor modelo de gestión, cuando se convocan licitaciones como el de 3.300 plazas, se queden fuera todas las residencias que no tienen 70 u 80 plazas al no poder afrontar peticiones como la enfermería 24 horas. 

Toro también señaló la baja tasa de plazas residenciales en la Comunitat, que está en el 2,87% por cada 100 mayores de 65 años, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda un 5%. “Nos harían falta unas 5.500 plazas mientras que para mantener el ratio actual necesitaríamos 50 residencias nuevas en los próximos 10 años”.

David Taroncher, presidente de Avrisem, aseguraba que existe un problema grave de modelo. “No termina de encajar el planteamiento político con cómo se desarrollan luego los contratos”, señalaba. Además, sumaba que empresas de ámbito internacional se sientan cómodas en el la Comunitat explotando este modelo. “Eso nos debe preocupar”.

Taroncher aseguró que no todo el mundo cabe en el modelo de colaboración público-privada ya que en muchos casos “el interés es puramente especulativo”. Para el presidente de Avrisem, la solución sería poner barreras técnicas grandes, sobre todo relacionadas con inversiones, que permitan demostrar el compromiso con el modelo. 

Antonio Torres, director General de Relaciones con Les Corts, aseguró que al entrar al Gobierno en los años 80 había muy pocas residencias y la mayoría pertenecían a la Iglesia con trabajadores voluntarios. “El primer trabajo fue regularizar la situación pero Hacienda impedía que se pusieran en marcha con personal propio, motivo por el que se inventó la gestión integral de los centros por la empresa privada”, señalaba. Así empezó el modelo de colaboración público privada. “El PP cuando entró en el Consell paralizó el plan, terminó las residencias que estaban en marcha pero no se crearon las nuevas que había previstas”.