Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA (EP). La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha afirmado que el Síndíc de Greuges requirió al Ayuntamiento el pasado 12 de agosto que remita "urgentemente" el informe de resolución sobre el recurso presentado por el PP contra la reactivación del pago de la ORA antes de que finalizara el estado de alarma por la pandemia de la Covid-19.
Catalá ha señalado que después de que el gobierno municipal "se saltara" el acuerdo del Pleno que dejaba suspendido el cobro del estacionamiento regulado en zona azul y naranja hasta que concluyera el estado de alarma, las multas de la ORA "aumentaron un 23% entre el 23 de mayo y el 21 de junio de este año con respecto al mismo periodo del año pasado", ha indicado el PP en un comunicado.
Así, ha insistido en que la reactivación del cobro de la ORA "se hizo sin que muchos conductores tuvieran conocimiento de que tenían que volver a pagar en la zonas azul y naranja", lo que, a su juicio, "provocó que se encontraron con la multa de manera inesperada".
Los 'populares' recurrieron la decisión de la Junta de Gobierno del 22 de mayo que determinaba dejar sin efecto el acuerdo de no cobrar por estacionamiento, cuando esta decisión, remarcan desde el PP, "debía haberla tomado el Pleno, que es un órgano de aprobó la medida de no cobrar el estacionamiento de la ORA mientras se mantuviera el estado de alarma".
El grupo popular pidió la intervención del Síndic de Greuges, ya que para la formación el Gobierno municipal "había incumplido el plazo de un mes que marca la ley para dar respuesta al recurso de reposición".
En este sentido, Catalá ha asegurado que el recurso "solicitó expresamente la adopción de una medida cautelar" ante el "grave perjuicio económico que se podía producir para los vecinos de València, para la empresa adjudicataria y para el propio Ayuntamiento por la puesta en marcha del servicio el 25 de mayo y los efectos que produzca la posterior anulación del Acuerdo impugnado".
En su recurso, el PP subraya que la decisión de suspender el cobro de la ORA se ratificó por acuerdo del pleno municipal, a propuesta del grupo popular, junto a un paquete de 66 medidas consensuadas con el Gobierno para luchar contra la crisis de la Covid-19, y se fijó que esta suspensión estaría vigente mientras se prolongara el estado de alarma.
Los 'populares' han remarcado que al ser el pleno un órgano de rango superior a la Junta de Gobierno Local la decisión de la JGL no puede anular un acuerdo plenario y, por lo tanto, podría ser nula la reactivación de la ORA. "Esto obliga al Gobierno de Ribó y el PSPV a tener que llevar el acuerdo de la Junta de Gobierno a un pleno para que sea ratificado, cosa que no han hecho", ha criticado Catalá.