VALENCIA. El sindicato CSI·F ha ganado recurso contencioso-administrativo al reconocer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat que ha sufrido vulneración de los derechos de igualdad de trato y libertad sindical. Según ha informado el sindicato, la sección quinta da la razón al sindicato, que recurrió contra el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) tras impedirle este organismo concurrir a unos planes de formación.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica que, tal como recoge la sentencia, los hechos se remontan al 21 de julio de 2014. El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicó la orden 23/2014, de 16 de julio, de Conselleria de Economía, Industria y Turismo en la que convocaba subvenciones públicas para la realización de planes de formación profesional para el empleo.

CSI·F presentó solicitud de subvención para ejecutar un plan intersectorial de cursos de formación. La Dirección General de Empleo y Formación, con fecha 9 de diciembre, dictó resolución denegatoria de la subvención solicitada con el pretexto de que CSI·F no tenía la consideración de organización sindical más representativa en la Comunidad Valenciana.

La central sindical interpuso recurso contencioso administrativo contra esa resolución por la vía especial de vulneración de derechos fundamentales. En concreto esgrimía los artículos 14 y al 28 de la Constitución, que garantizan la igualdad de trato y la libertad sindical, respectivamente.

El TSJ reconoce en su fallo que la resolución de la Dirección General de Empleo y Formación no fue “ajustada a derecho, toda vez que la misma infringe los derechos fundamentales de igualdad y libertad sindical”. En la resolución, el alto tribunal llega a afirmar que “se favorece desde la Administración a los sindicatos más representativos en perjuicio de los que no han alcanzado dicha condición”.

El dictamen estima el recurso de CSI·F contra la resolución de la Dirección General de Empleo y Formación, desestima totalmente sus alegaciones e incluso condena al Servef a abonar 1.200 euros en costas por la representación y defensa.