VALÈNCIA. La disparidad de posturas en torno a quien debe asumir el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados -impuesto sobre hipotecas- ha protagonizado las ocho horas de deliberación de este lunes del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que continuará mañana a partir de las 10.00 horas con la discusión de este asunto.
Fuentes de la Sala consultadas por Europa Press han señalado que en el debate de fondo de la cuestión -si se estiman o no los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra una sentencia anterior que falló a favor de las entidades bancarias- habían intervenido un total de 9 de los 28 magistrados reunidos, dos de los cuales han sido los ponentes asignados a los citados recursos.
Las mismas fuentes apuntan que los magistrados que sí han intervenido no han mostrado una postura unitaria respecto a este asunto, y que ha habido opiniones tanto a favor como en contra de confirmar el giro jurisprudencial realizado hace tres semanas por una de las secciones de esta sala, que atribuyó a los bancos el pago del impuesto.
Dos de los que han defendido confirmar la nueva jurisprudencia han sido los dos ponentes de los recursos estudiados hoy, Nicolás Maurani y Francisco José Navarro Sanchís. Sin embargo, otros magistrados que han intervenido este lunes se han mostrado en contra de confirmar la nueva doctrina y han abogado por volver a la situación anterior, la de que sean los clientes los que abonen este impuesto a Hacienda.
Durante las primeras cinco horas de debate, los 28 magistrados, salvo un número muy pequeño de ellos que se posicionaron desde el principio a favor de volver a la jurisprudencia anterior, no entraron en el fondo de asunto y se limitaron a discutir sobre la procedencia de admitir o no los recursos llevados al Pleno por el presidente de la Sala Luis Díez-Picazo.
Lo que mayoritariamente han respaldado en esta primera fase de la discusión ha sido la decisión del presidente Díez-Picazo de avocar el asunto al Pleno. Hay que tener en cuenta que la denominada sala especial del artículo 61 del Supremo -de la que forman parte magistrados de las cinco jurisdicciones del alto tribunal- respaldó de forma rotunda esta decisión el pasado miércoles en el auto por el que rechazó la querella presentada por Podemos contra este magistrado.
Una de las claves de la deliberación que continuará mañana será la fijación de la retroactividad de la nueva doctrina en el caso de que ésta se confirme.
Se baraja que pueda fijarse en cuatro años -que es el plazo que permitiría la reclamación por los ciudadanos a Hacienda del dinero pagado por este impuesto- o establecerse ilimitada, lo que permitiría reclamar en los tribunales a un número mayor de ciudadanos. El asunto de la retroactividad, sin embargo, no se ha tocado en el debate de este lunes.
En la deliberación de este asunto no han estado presentes tres de los magistrados de lo Contencioso del Supremo: el magistrado Rafael Fernández Valverde, que se encuentra de viaje; Segundo Menéndez, ocupado con asuntos relacionados con las elecciones autonómicas andaluzas, ya que es miembro de la Junta Electoral Central; y Octavio Herrero, que se ha apartado porque familiares suyos tienen una vivienda en Rivas-Vaciamadrid, ayuntamiento que actúa de recurrente en los recursos que se ven en este Pleno.
Los 28 magistrados se han reunido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, cuya mesa ha estado presidida por Díez-Picazo, y a cuyos ambos lados se han situado los dos ponentes de los recursos que se han estudiado este lunes, Nicolás Maurandi y Francisco José Navarro Sanchís. Asimismo, el resto de magistrados se han sentado según los años de antigüedad en la Sala, es decir, cuanta a más experiencia, más cerca de la mesa se han colocado.
De este modo, Dimitri Berberoff, quien presentó un voto particular contrario a revisar este asunto al entender que la doctrina estaba ya establecida, es el magistrado que más lejos se ha situado, ya que es el último en incorporarse a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. No obstante, según apuntan fuentes jurídicas, los miembro del Pleno no han tenido en cuenta este orden a la hora de intervenir en la reunión.