Manifestación de taxistas junto a la antigua sede del PSPVVALÈNCIA. Los taxistas, más allá de considerar insuficientes las restricciones que propone la Generalitat para Uber y Cabify, están preocupados por el calendario que maneja el Gobierno Valenciano para llevarlas a buen puerto.
En abierto el gremio centra su crítica en el contenido planteado este martes por el Consell, que aboga por un Decreto-Ley inspirado en la legislación de Cataluña: con un margen mínimo de 15 minutos para la precontratación de los servicios VTC ampliable por los diferentes municipios (al considerar que se trata de un periodo insuficiente y que la restricción debería ser la misma para toda la autonomía). Pero su preocupación va más allá a micrófono cerrado.
A pesar de las diferencias entre su modelo ideal (quieren 12 horas para la precontratación) y el intermedio que plantea la autonomía, los taxistas reconocían este miércoles que, al menos, la administración valenciana ha tomado como punto de partida un modelo que ya mejora su situación actual, en el que Uber y Cabify operan en libertad y, a su juicio, ejercen de taxis de forma irregular.
El problema más grave, según subrayan a este diario fuentes del sector, sería que ni siquiera este avance llegara a materializarse debido a la cercanía de las elecciones autonómicas.
Preguntadas al respecto, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas, Vertebración del Territorio, la competente en materia de Transporte, indicaban que la hoja de ruta para su Decreto-Ley será la siguiente: "Una vez finalice el actual proceso de participación, la Generalitat redactará el borrador de decreto que enviará a las asociaciones que participaron en el proceso de presentación de propuestas. Posteriormente, se necesitará trasladar el decreto a la Abogacía para que redacte el informe correspondiente y, por último, se aprobará por el pleno del Consell".
Además, según agregó el departamento de la socialista María José Salvador, el texto definitivo debería ser aprobado posteriormente por Les Corts.
Y aquí subyace la principal amenaza para el gremio: que la norma no llegue a validarse esta legislatura o que deba ser la Diputación Permanente de la cámara la que dé el visto bueno al decreto. Fuentes jurídicas del parlamento valenciano relataban este miércoles a Valencia Plaza que la disolución de la cámara está prevista para la primera semana de abril, de modo que tan solo restan dos meses (febrero y marzo, con Fallas de por medio) para que el Gobierno Valenciano cumpla con todos los trámites mencionados y lo remita a Les Corts antes de su disolución.
A partir de abril debería hacerlo la Diputación Permanente, una representación de la cámara constituida para cumplir las funciones del Parlamento mientras se encuentra cerrado el periodo de sesiones que, si bien tiene competencias para validar Decretos-Ley, no está ideada para tal función. Su razón de ser es la de aprobar medidas urgentes ante, por ejemplo, "catástrofes naturales" -inundaciones por lluvias, desperfectos en municipios...- cuando suceden en los meses inhábiles en Les Corts -enero y agosto- o bien cuando estas ya están disueltas. De este modo, la validación del decreto-ley para regular las VTC por parte de la Diputación Permanente podría servir de argumento para la presentación de un recurso contra esta medida por no tratarse de una situación sobrevenida.
¿Y por qué quieren los taxistas aprobar la restricción con solvencia antes de las elecciones? Fundamentalmente por la incertidumbre del resultado de los comicios. Las encuestas auguran un tablero apretado con posibilidades de que la derecha sume para Gobernar en la Comunitat. Y basta con atender a las declaraciones de Pablo Casado contra las restricciones a Uber y Cabify en Madrid y Barcelona para comprobar que un giro liberal en el Gobierno dificultaría el propósito de los taxistas pasadas las elecciones de mayo.
