El transporte público propone en su nueva Ley de Financiación evitar la instrumentalización política de los fondos

VALÈNCIA. El transporte urbano y metropolitano aboga por impulsar una Ley de Financiación que evite la instrumentalización política de los fondos y garantice un reparto equitativo y previsible de las ayudas, entre otros aspectos, tal y como manifestó esta mañana el presidente de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), Miguel Ruiz, en la jornada donde se han reunido PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos para debatir en torno al texto legal que deberá aprobarse durante el primer trimestre del año.

La Asociación considera necesario terminar con el uso arbitrario de estos fondos y dotarlos de estabilidad suficiente para realizar inversiones a medio y largo plazo, lo que podría lograrse con una mayor coordinación entre comunidades y ayuntamientos a partir de sistemas que aseguren la integración modal, administrativa y tarifaria.

Una prueba de esta arbitrariedad es el reciente reparto de las ayudas contempladas en los PGE, después de que la partida presupuestaria destinada a Barcelona y su área metropolitana, por ejemplo, se haya incrementado -con acierto- en 40 millones o la de Canarias en 20 millones en las últimas cuentas públicas. Sin embargo, los fondos para Madrid llevan congelados desde 2011.

Sistema en revisión

Por otra parte, la dotación para la "bolsa de reparto" en la que se integran 90 municipios tampoco se ha incrementado en los últimos siete años, permaneciendo estancada en 51 millones de euros después de haber sufrido un recorte del 27% en plena crisis económica. En la actualidad, el total de las subvenciones del Estado al transporte urbano y metropolitano no llega a sufragar el 7% de su coste total.

Estos fondos concedidos por la Administración Central se completan con los cerca de 295 millones que reciben las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y este año también Valencia en los denominados contratos programa, y que se financian mediante una subvención finalista en los PGE, al ser su transporte público más complejo y contar con varios modos (autobús, metro y tranvía) que precisan de mecanismos particulares de financiación que encarecen el coste del sistema.

Hasta la fecha, la primera vía de financiación del transporte público ha sido el ingreso por billete, que aporta algo más del 50%. Y la segunda, casi en la misma proporción, es a través de recursos públicos. Pues bien, la nueva Ley debería facilitar un reparto más equitativo de las actuales subvenciones estatales, cuyo criterio de reparto se rige en un 85% por el déficit del billete, mientras que el 15% restante tiene en cuenta aspectos como la demanda, la longitud de línea y los criterios medioambientales. De ahí que la revisión del modelo corregiría la inequidad actual, ya que hay poblaciones que reciben 0,05 euros por habitante, y en cambio otras superan los 20 euros.

Además, estos fondos al transporte público deberían complementarse con una parte significativa del 30% de los ingresos derivados de gravar más al diésel, después de que la ministra de Hacienda anunciara que dedicará una tercera parte de ellos a impulsar la movilidad sostenible. Una medida que está en línea con las reivindicaciones de ATUC y con algunas de las iniciativas acometidas en otros países como Alemania, donde rige el principio de "quien contamina, paga".

Información de contexto

A finales de septiembre el Congreso aprobó por unanimidad -salvo el voto de PNV- una Proposición No de Ley (PNL) que exigía al Ministerio de Fomento tener lista la Ley de Financiación en el plazo de seis meses. En la actualidad, España es el único país europeo que no cuenta con una norma de este tipo frente a países como Alemania o Francia, en los que lleva vigente alrededor de cuarenta años.

La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC Movilidad Sostenible) agrupa a todas las empresas de transporte público de España, trabajando por una movilidad sostenible y la mejora continua de un sector que genera más de 25.000 empleos y mueve más de 5.000 millones de euros al año en facturación. Gracias a las compañías de bus, metro, tren y tranvía que integran este colectivo, más de 3.000 millones de personas pueden resolver sus necesidades de movilidad cada año.