Imagen del pleno de octubre de la Diputación de Valencia. Foto: DIVALVALÈNCIA. Toni Gaspar ha iniciado el traspaso de trabajadores de Divalterra a la Diputación de Valencia tras el anuncio de disolución de la empresa pública y el acuerdo del pasado junio para asumir los servicios que presta. El presidente de la corporación provincial ya ha firmado diversos decretos para la incorporación de más de 50 empleados de los alrededor de 100 que previsiblemente se integrarán –los 600 brigadistas pasarán al Consorcio Provincial de Bomberos en enero–.
Gaspar lo establece con una figura, la de "personal laboral no empleado público", que ya ha desencadenado críticas entre algunos sindicatos como Intersindical porque, afirman, no se ajusta a la legislación básica.
Hasta el momento se han publicado tres decretos, todos ellos con efecto desde el 1 de noviembre, en los que la Diputación asume diversos servicios de Divalterra –actualmente en fase de liquidación– que pasan a estar adscritos a determinadas unidades.
Así ocurre, por ejemplo, con información territorial, donde se encuentran analistas, programadores informáticos, topógrafos o administrativos, entre otros. También con desarrollo local y comunicación, donde hay técnicos, administrativos, programadores web o traductores.
Uno de los decretos se refiere, igualmente, al servicio de auditoría interna, que ahora pasa a la Diputación. Su único trabajador queda adscrito a la Intervención.
En todos ellos figura el catálogo de personal con puesto de trabajo o tipo de contrato. Hasta el momento se había especificado que pasarían a desempeñar sus tareas con el contrato que ya tenían –indefinido o temporal– en plazas "a extinguir". Es decir, que la subrogación supone para el trabajador fijo de plantilla la condición de trabajador fijo de plantilla de la Administración por sucesión de empresa y no comporta la adquisición de la condición de empleado público. A lo cual en los decretos se añade que figurarán como "personal laboral no empleado público de la Diputación".
En un comunicado, Intersindical denuncia que se trata de una "colocación de la élite de Divalterra a través de decretos a la carta" con la "creación de plazas y puestos en la estructura en los centros de trabajo que han escogido previamente". Lo cual definen como un "chollo" porque no tienen que pasar ninguna oposición. Todo ello, prosiguen, sin negociación sindical, "a dedo y al más puro estilo caciquil".
"Desde la plaza de Manises se han vuelto legisladores y amplían los tipos de empleados públicos. Los tribunales tendrán que decidir si las grandes mentes de la Excelentísima tiene la potestad de modificar la legislación básica del Estado. Señor presidente, ¿a qué vienen todos estos decretos a medida? ¿Ha convertido a la Diputación en una ONG para poder cumplir con sus compromisos? ¿Qué pensarán todos estos aspirantes que hace cuatro días se partían la pana en dos macro procesos selectivos en el campo del Llevant? Piénselo, también querrán que los coloquen por el morro en la Diputación sin tener que pasar ningún proceso selectivo", afirman.
Intersindical, que ya recurrió el acuerdo para la disolución de Divalterra en vía administrativa y le fue desestimado, ha presentado otro recurso contencioso-administrativo en los tribunales al entender que vulnera la ley.
