El Tribunal de Cuentas cuestiona la sostenibilidad del plan del Puerto para financiar su ampliación

VALÈNCIA. El Tribunal de Cuentas insta a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a revisar el plan para financiar la ampliación y el acceso norte del Puerto de Valencia, que requerirá una inversión pública de al menos 666 millones de euros, ante el deterioro previsto en sus indicadores financieros si se mantiene el diseño actual de ese plan. Lo hace a través de su último informe de fiscalización de la actividad de la APV, en el que alerta de que su fondo de maniobra –capacidad de pago a corto plazo– arrojará un saldo negativo de 42 millones el próximo año.

De esta manera, según las previsiones incluidas en el Plan de Empresas para 2019 de la entidad que preside Aurelio Martínez, en apenas cuatro ejercicios –entre 2016 y 2020– el fondo de maniobra de la APV caería en 81,9 millones de euros. El ente fiscalizador considera incompatible que la APV pueda continuar reduciendo su deuda financiera a largo plazo con el hecho de que vaya a asumir directamente la inversión de 466 millones para la construcción de la nueva terminal de contenedores a partir del año que viene más otros 200 a partir de 2023 en la cofinanciación del acceso norte, para el que ha estimado un coste total de 400 millones con la expectativa de que la mitad los aporte el Ministerio de Fomento.

La mayor parte de las obras de construcción de la nueva terminal las asumirá directamente el propio Puerto de Valencia con sus propios recursos, mientras que la empresa que la explotará –en principio MSC porque es la única que se ha presentado al concurso– invertirá casi 1.100 en equipar esa terminal.

LA APV INVERTIRÁ CASI OCHO VECES MÁS DE LO PREVISTO EN LA AMPLIACIÓN NORTE

Las obras que se pagarán con dinero público son la instalación de atraque del muelle y las obras de relleno y compactación de la explanada de la nueva terminal y la demolición de algunos de los muelles de abrigo que se construyeron entre 2008 y 2013 porque el proyecto ha sido rediseñado. En esas obras, la APV ya invirtió más de 228 millones de euros a los que ahora se sumarán otros 466. MSC, por su parte, se encargará de la pavimentación, los edificios, naves e instalaciones de la terminal.

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas destaca que, en principio, la APV calculó que reactivar el proyecto de ampliación paralizado en 2013 por la crisis le iba a costar 69,1 millones de euros. El periodo de ejecución previsto entonces era 2021 y las obras consistían en la generación de explanadas y mejora de las condiciones de accesibilidad marítima de la nueva dársena y del canal de entrada.

En el anterior Plan de Empresa de la APV, de 2018, se preveía todavía que la construcción de los muelles de contenedores los asumiría directamente por empresa adjudicataria de la concesión de la terminal. El hecho de que las previsiones de inversión de recursos del Estado hayan aumentado de casi 70 millones a 466, casi ocho veces más, es lo que lleva al TC a advertir del deterioro previsto en el balance financiero de la entidad pública.

En sus alegaciones al respecto, la APV replica que su objetivo siempre ha sido "no incrementar las inversiones propias hasta tener compromisos de colaboración público-privada", tal y como se ha concebido el concurso el que solo se ha presentado MSC. A ello añade que la inversión privada en la nueva terminal, tanto en algunas obras como en equipamiento, duplican a la inversión pública.

Además, un portavoz de la APV explicó a este periódico que el Puerto tiene actualmente más de 141 millones de euros en caja acumulados a 30 de septiembre y que el ritmo medio de amortización de su deuda financiera a largo plazo ronda los 30 millones de euros. Ese incremento de la liquidez se debe a los continuos retrasos en la ejecución de las obras previstas en el plan de empresa, un exceso de liquidez que podría dar como resultado que la APV pudiera afrontar exclusivamente con sus propios recursos el coste de las infraestructuras que construirá en la próxima década.

El Plan de Empresa de 2019 preveía que la construcción de la nueva terminal de contenedores se ejecutase a partir de este mismo año, si bien la mayor parte de la inversión (310,8 millones de euros) se materializará más allá del horizonte temporal previsto en dicho plan. Sin embargo, los plazos tendrán que ser revisados debido a que el concurso para la construcción y explotación de la nueva terminal va con retraso.

Sin espacio a partir de 2030

Por otro lado, el informe de fiscalización también releva las previsiones más recientes de tráfico futuro por parte de la APV, según las cuales la construcción de la nueva terminal estaría justificada por el hecho de que el volumen de tráfico de contenedores actual, que supera los 5,2 millones de TEU, se duplicará en 2040 hasta los 10,7 millones de TEU. Hacia 2050 las previsiones apuntan a unos 13 millones de TEU.

La capacidad actual instalada en el Puerto de Valencia es de unos 6,35 millones de TEU, por lo que si no se llevase a cabo la ampliación el recinto se quedaría ya sin capacidad para asumir más tráficos en apenas una década, ya que el volumen de tráficos previstos en 2030 superaría ya los 8,9 millones de TEU. Cuando esté totalmente operativa, la terminal norte podrá asumir 4,9 millones de TEU.