VALÈNCIA (EFE). El Tribunal de Cuentas tiene previsto juzgar en abril a las exconselleras Trinidad Miró y Dolores Johnson y otros cuatro ex altos cargos del Consell de Alberto Fabra por la compra de la empresa privada que organizó la Fórmula 1 en València, Valmor Sports, por un euro y la consiguiente asunción de una deuda cercana a los 24 millones de euros.
Según ha confirmado el Tribunal de Cuentas a EFE, este juicio, en el que deberán comparecer los seis demandados y trece testigos (el expresident Fabra y el ex vicepresidente José Císcar entre ellos), se ha señalado para cuatro sesiones los días 4, 5, 11 y 12 de abril.
Esta causa tiene su origen inicial en una denuncia presentada por Compromís en septiembre de 2013, que se transformó posteriormente en una reclamación de reintegro instada por la Generalitat, a través de la empresa pública Circuito del Motor.
La Administración autonómica reclama el pago de esos 24 millones a Dolores Johnson, José Miguel Escrig, Julio García, Blanca Tomás y Luis Lobón.
Subsidiariamente, la Generalitat reclama 14,6 millones a estas mismas personas y a la exconsellera Trinidad Miró (presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de 2007 a 2011) por los gastos no pagados por Valmor Sports a Circuito del Motor por la organización de la Fórmula Uno de 2008, 2009 y 2010.
Según expuso la Abogacía de la Generalitat en su reclamación, la adquisición de Valmor Sports fue "más allá de lo autorizado por la junta de accionistas" de la sociedad pública Circuito del Motor, cuyo acuerdo "solo prevé un desembolso de 0,99 euros" sin que exista "una previsión de desembolso mayor".
"Nunca debió de proponerse a la junta de accionistas la adquisición de Valmor a sabiendas de que tenía un valor contable negativo", como era unos pasivos frente a terceros de 31,8 millones y una previsión de patrimonio neto negativo de 14,6 millones, a juicio de la Generalitat.
En opinión de los abogados de la Generalitat, haber propuesto esta compra sin advertir de la deuda constituyó una conducta "realmente de gravísima negligencia", y rechaza la idea de que la adquisición de esta empresa fuera la operación más razonable para garantizar la continuidad del Gran Premio de Fórmula Uno.
Además, señala que existían otros contratos y pactos suscritos que aseguraban la continuidad de la carrera, de los que eran conocedores los responsables de Circuito del Motor, por lo que aceptar sin más esa conclusión supone, en su opinión, "una absoluta falta de diligencia".
Destaca asimismo que, desde que se inicia la relación entre Valmor Sports y Circuito del Motor en 2008 hasta que se propone su adquisición a finales de 2011, hay una dejación de funciones propias de aquellos que tenían competencia y obligación de reclamar la deuda o evitar el perjuicio para los fondos públicos.
Desde que ambas empresas suscribieron en 2008 un contrato por el que Circuito del Motor se encargaría de la organización de la Fórmula Uno a cambio de una contraprestación "razonable y equitativa" por parte de Valmor, ésta, según la Generalitat, no abonó los gastos derivados de la organización de esta prueba deportiva en los años 2008, 2009 y 2010, ni consta que se le reclamasen.
Para la Administración valenciana existe una conducta "claramente negligente" por parte de los demandados, por no haber reclamado los 14,6 millones a Valmor y por haber propuesto su compra sin aportar datos relevantes, lo que, según calcula, produjo un perjuicio de 23,99 millones de euros.