Isaura Navarro (Compromís), María José Ferrer San Segundo (PPCV), Manolo Mata (PSPV) y Fabiola Meco (Podemos). Foto: VPVALÈNCIA. Desde que el Tribunal Constitucional anulara las leyes valencianas en derecho civil –Ley de Régimen Económico Matrimonial, Custodia Compartida y Uniones de Hecho– algunos partidos en Les Corts -PP y Compromís especialmente- y el Consell han estado explorando vías para poder volver a legislar en estas materias.
Este martes, la coalición valencianista, PSPV, Podemos y los populares registraron una proposición de ley para reformar la disposición segunda de la Constitución Española; única vía que, entienden, permitiría recuperar tal competencia. La propuesta ha sido promovida por la Associació de Juristes Valencians (AJV) y "cuenta con el respaldo de 275 ayuntamientos, las tres diputaciones provinciales, universidades y principales entidades sociales, sindicales y empresariales", según el presidente de la asociación, José Ramón Chirivella.
La propuesta legislativa que, a priori, será aprobada en las próximas semanas en un pleno de Les Corts, será remitida al Congreso de los Diputados "para que lo tengan en cuenta y servirá para que se inicie la reforma constitucional" –en palabras de la diputada de la coalición valencianista, Isaura Navarro–. En ella, los cuatro partidos exponen que aunque estas leyes fueran derogadas, el derecho civil valenciano es "un derecho vivo" porque afecta actualmente a 300.000 personas. Esto es, el número de valencianos que desde que se aprobaron las tres normas –la primera en 2007– hasta que fueron anuladas, se casaron o divorciaron bajo el marco de estas normativas sin que esto haya afectado al resto de comunidades autónomas.
Así, la proposición de ley señala que la Constitución reconoce el ejercicio de la competencia en derecho civil foral a las comunidades autónomas que tienen derecho civil propio –como Cataluña, Aragón, Baleares, País Vasco, Navarra y Galicia- y es el Tribunal Constitucional el que en su sentencia hizo una "interpretación rígida" del derecho civil valenciano "porque a los valencianos no se les devolvieron los fueros después del Decreto de Nueva Planta". Una reivindicación que, por otra parte, no se ha dejado de demandar por parte de los juristas, según la AJV.
Ante esta situación los grupos explican que la vía que tienen los valencianos para defender su "derecho civil valenciano y su autogobierno" es la modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución. Esta determina que la declaración de mayoría de edad "no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado".
A esta redacción quieren que se añada un segundo párrafo que determine que la "competencia legislativa civil de las Comunidades Autónomas asumida en sus propios Estatutos conforme al artículo 149.1.8 de la Constitución, se extenderá a la recuperación y actualización de su Derecho Privado histórico de acuerdo a los valores y principios constitucionales".
La actual unidad de las fuerzas políticas valencianas -excepto Ciudadanos- junto a la sociedad civil para reivindicar la potestad desarrollar el derecho civil valenciano no fue tal hace dos años. En junio de 2016, Compromís registró una Proposición No de Ley para defender la capacidad legislativa de Les Corts en materia civil y debía cursarse el mismo día en el que se conmemoraba el 309 aniversario del Decreto de Nueva Planta.
Sin embargo, sólo el PP respaldó la iniciativa de los valencianistas. La PNL proponía que se ratificara la defensa de la capacidad legislativa de Les Corts "en el ámbito civil derivado de la competencia recogida en el artículo 29.1.2a del vigente Estatuto de Autonomía", algo que el Tribunal Constitucional había rechazado en dos sentencias relativas al régimen económico matrimonial y a las uniones de hecho. En segundo lugar, instaba al Gobierno Central a "respetar el principio de igualdad" y el "derecho al autogobierno como pueblo" valenciano. Es decir, era una proposición declarativa de la que no se derivaba ninguna acción.
El portavoz socialista, Manolo Mata, justificó que no la apoyaran en que no estaba conforme con que se registrara con carácter inmediato. Sin embargo, la portavoz de Justicia del PPCV, María José Ferrer San Segundo, criticó que no la respaldara y sin embargo esa misma tarde sí participara en el acto conmemorativo.
La principal reticencia del PSPV respecto a la recuperación de las normas valencianas radicaba en la disconformidad que tenían con la Ley de Custodia Compartida. De hecho, Mata pidió su derogación en el transcurso de un debate de Les Corts porque no la consideraba "igualitaria para las mujeres" mientras Compromís la defendía.
Desde que se anularan las tres leyes en materia de derecho civil valenciano, Compromís y PP especialmente han estudiado nuevas vías para recuperarlo o salvar de alguna u otra manera los derechos que recogían estas leyes. No en vano, San Segundo, propuso en su día que el régimen económico matrimonial se pudiera declarar en el Registro Civil. Más tarde llevó tres enmiendas al último Congreso del PP que consiguió que se aprobaran con las que el partido se comprometía a "tomar medidas a favor de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en derecho foral".
