El TSJ anula los presupuestos de Gandia de 2014

GANDIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictaminado que los presupuestos aprobados el 30 de enero de 2014 por el Pleno del Ayuntamiento de Gandia con los votos a favor del Partido Popular son ilegales al “no ser conforme a derecho” y señala que el consistorio gandiense deberá hacer frente a las costes del proceso.

Una nulidad que se suma a la de los presupuestos de 2013, que también fueron declarados ilegales. Ambas cuentas salieron únicamente con los votos a favor del Partido Popular, cuyos trece concejales dieron luz verde a los presupuestos municipales de 2013 y 2014. En ambos casos incumplieron la ley por no destinar fondos suficientes para la devolución de los créditos bancarios que el consistorio tenía contraídos.

La sentencia emitida por la sección quinta de la Sala del Contencioso Administrativo del TSJ establece que la resolución del 30 de enero de 2014 vulnera las las exigencias legales impuestas en los artículos 165.1.a) y 166.1.d) del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, ya que no contemplaba el pago de créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.

Los presupuestos fueron impugnados por el Partido Socialista de Gandia por considerarlos ilegales e inviables. “Esta sentencia ratifica que el Partido Popular gobernó toda la legislatura con unos presupuestos ilegales”, ha señalado el ex concejal socialista Vicent Mascarell, quién interpuso la denuncia en nombre del Grupo Socialista. 

Dicha impugnación se debió, fundamentalmente, a dos motivos. El primer lugar, porque no incluyeron el pago de obligaciones con entidades bancarias que ascendió a 18 millones de euros para 2014. El otro punto en que se sustentó la impugnación de los socialistas es el hecho de que el presupuesto no incorpora tampoco ninguna consignación para hacer frente a los pagos de sentencias. 

El coordinador general de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Gandia, Salvador Gregori, ha recordado que durante la legislatura del Partido Popular se generó una deuda de 26 millones a los bancos pero “gracias al diálogo los bancos han perdonado 9,4 millones de euros en intereses de demora generados en el gobierno de Arturo Torró” y ha sentenciado: “hemos entrado en la senda de la legalidad”.