VALÈNCIA. Varapalo judicial a la Diputación de València y el Ayuntamiento de Ontinyent. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado la nulidad de la continuación del contrato de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ontinyent-Agullent, que gestionaba la empresa mixta Egevasa. Un contrato que caducó en 2014 y que las administraciones permitieron que continuara pese a la situación de "manifiesta ilegalidad".
El fallo, emitido por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ valenciano el pasado 10 de septiembre revoca la primera sentencia de un juzgado que obligaba a las administraciones a la revisión de oficio. Ahora, el tribunal autonómico que decreta la nulidad de la continuación del contrato. "La administración permitió su continuación pese a ser consciente de la ilegalidad", señalan los magistrados. La sentencia no es firme, ya que el Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo.
El litigio deriva de una denuncia de la firma Aqlara, especializada en la gestión de infraestructuras hidráulicas, que había exigido la revisión de los convenios para la continuación en la gestión de la mencionada depuradora tanto al Ayuntamiento de Ontinyent como a la Diputación -dueña del 51% de Egevasa-. Su rechazo motivó que la firma privada acabara en los tribunales y el TSJ atendió en septiembre sus pretensiones anulando la prestación del contrato caducado.
La historia hunde sus raíces en el convenio suscrito en 1993 entre el Ayuntamiento y la Diputación para que Egevasa explotara la Edar de Ontinyent en régimen de gestión directa al ser entonces una empresa 100% pública dependiente de la Diputación. Aquel convenio expiraba en 1994 pero contemplaba la prórroga anual sine die, como así fue hasta que, en 1999, la Diputación privatizó el 49% de Egevasa mediante un concurso público y seleccionó como socio privado a Vainmosa Cartera, hoy perteneciente a Global Omnium.
Egevasa mantuvo la gestión directa porque la Diputación seguía teniendo la participación mayoritaria en la empresa mixta, pero tras el cambio de la normativa y una sentencia del Tribunal Supremo, pasó a ser una gestión indirecta. De manera que en 2004 la corporación provincial y el Ayuntamiento modificaron el convenio originario y establecieron para él un período de 10 años, prorrogable hasta un máximo de 50 años, eliminando el régimen de prórrogas tácitas, si bien los informes técnicos aconsejaban su licitación.
Así, un año antes de que finalizara el plazo del convenio, en 2013, Egevasa instó al Ayuntamiento, ya encabezado por el alcalde Jorge Rodríguez, a que prorrogara el convenio, algo que aprobó el pleno municipal con informe desfavorable del secretario-interventor consistorial. "Pero por la parte de la Diputación nunca se adoptó acuerdo al respecto", señala en su relato de los hechos la sala del TSJ, lo cual supuso la pérdida de vigencia del contrato.
La Diputación provincial, "de forma consciente, pues la propia Egevasa puso sobre aviso al Ayuntamiento de Ontinyent [...], y tras la solicitud de la empresa [Aqlara] en 2022, opta por no resolver y continuar con una situación de manifiesta ilegalidad", expone el fallo del TSJ, que insiste en que "se permitió por la administración durante años la ejecución de un contrato que había terminado en 2014 y la administración era consciente de la ilegalidad".
Más allá de la sentencia del pasado mes de septiembre, la justicia está investigando numerosos contratos de la empresa mixta de aguas de la Diputación de València, tal como reveló El Confidencial. El juzgado de Instrucción 15 de Valencia abrió una causa a raíz de una denuncia de la Fiscalía Provincial, surgida por una denuncia anónima
Se trata de una investigación todavía embrionaria que afectaría a 24 de los contratos de la empresa mixta, que ya habría remitido toda la documentación requerida al juzgado de instrucción. La denuncia apunta a posibles delitos de prevaricación, fraude, exacciones ilegales y cohecho.
