VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana será el encargado de dirimir sobre el litigio abierto por la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) contra el Ayuntamiento de Valencia donde la primera exige una indemnización millonaria después de que la justicia anulara la operación urbanística de Tabacalera aprobada por el consistorio. La promotora presentó sendas demandas contra las dos administraciones implicadas, el consistorio y la Generalitat Valenciana. Ahora, se ha acordado que la primera, que inició un procedimiento en el juzgado de lo contencioso, se acumule a la segunda, cuya causa llevaba la sala correspondiente del TSJ.
De esta manera, ambos procedimientos se unifican y será el alto tribunal valenciano el que juzgue la cuestión. Así lo confirman fuentes judiciales a este diario, según las cuales el juzgado "ha remitido su procedimiento -el que afectaba al Ayuntamiento-" a una de las secciones del Tribunal Superior de Justicia "para su acumulación" a la referente a la Generalitat Valenciana. Un movimiento que según fuentes conocedoras del proceso podría haberse solicitado por la constructora.
Igsa busca en los tribunales una compensación económica de casi 53 millones de euros tras el fracaso urbanístico de la Antigua Fábrica de Tabacos de València, como adelantó Valencia Plaza. Hace más de cuatro años, el TSJ anuló el cambio de planeamiento de Tabacalera aprobado por el gobierno municipal del Partido Popular, que tenía su origen en 2005. Entonces, el Ayuntamiento suscribió un convenio con la empresa Inmobiliaria Guadalmedina S.A. (Igsa) según el cual la administración local recibía el edificio central del complejo -propiedad de Igsa- y 14 millones de euros, a cambio de entregar a la promotora dos solares para sendos edificios en las naves posteriores de Tabacalera que serían derribadas y un edificio municipal en Navarro Reverter.
El fallo del TSJ lo que hacía era dejar sin efecto la modificación urbanística y, por tanto, a la promotora sin poder construir en las parcelas traseras de Tabacalera, donde había adquirido el derecho a hacerlo. Por ello, en 2018, Igsa presentó ante el consistorio una reclamación por responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento debía compensarle y la concejalía de Urbanismo, que dirigía entonces el socialista Vicent Sarrià, anunció su intención de pagar a la empresa con suelo para evitar hacerlo con dinero de las arcas consistoriales.
La idea del Ayuntamiento es entregar a la firma dos pastillas de suelo del barrio de Penyaroja. Parcelas que estaban calificadas como suelo educativo y zona verde pero que el departamento de Urbanismo ha recalificado a suelo residencial precisamente con la intención de dárselas a Igsa. Así, el consistorio ha aprobado esta operación, con la que además se adapta a la realidad actual el planeamiento de Tabacalera que había quedado anulado tras la sentencia. Pero entonces, ¿por qué acude Igsa a los tribunales si el consistorio ha dicho que saldará esta deuda con suelos donde construir?
Aunque el Ayuntamiento de València ha aprobado esta recalificación, lo cierto es que el consistorio no ha suscrito el convenio con la firma en el que estaba trabajando desde hace, al menos, dos años. En 2018, desde el departamento de Urbanismo se aseguraba que el documento estaba ultimándose y que incluiría una cláusula según la cual Igsa cesaría en su reclamación de responsabilidad patrimonial. El pasado verano, en 2020, la propia edil de Urbanismo, Sandra Gómez, señalaba que el convenio continuaba "gestándose". Pero sigue sin haberse suscrito ningún acuerdo.
En este sentido, al no haber acuerdo, la empresa propiedad de la familia de Enrique Ballester sigue insistiendo en reclamar la responsabilidad patrimonial. Como el Ayuntamiento rechazó la petición y también el recurso de reposición interpuesto por la empresa -con la intención de pagarle con suelo-, el único camino que le quedaba a Igsa era acabar en los juzgados para no renunciar a sus derechos. En julio presentó el recurso contencioso-administrativo reclamando 52,6 millones de euros al consistorio.
A todo ello ahora se suma el rechazo de la Plataforma de Vecinos de Penyaroja, creada expresamente para paralizar la recalificación del suelo con el que el consistorio busca pagar la compensación a Igsa. A juicio de la plataforma vecinal, el barrio requiere todavía de muchos servicios y eliminar suelo dedicado a zonas verdes y a centros educativos no le parece lo más adecuado. Además, su portavoz, José Tárrega, insiste en que se podría haber vulnerado la normativa, de manera que ya ha anunciado que la asociación acudirá a los tribunales por la vía del contencioso-administrativo contra la recalificación.
A la postre, lo que hay son unas parcelas recalificadas para pagar una indemnización a una promotora con la que, de facto, todavía no se ha firmado un convenio en el que se estaba trabajando desde 2018. La oposición vecinal y la consiguiente judicialización de la operación urbanística supondría cierto riesgo que la promotora podría no estar dispuesta a aceptar, según fuentes conocedoras de la situación. En el Ayuntamiento insisten en que Igsa no ha manifestado su desacuerdo para aceptar este suelo. Pero en todo caso, la intención del Ayuntamiento de València es cerrar la operación mediante la vía de la expropiación con pago en especie: el consistorio se quedaría con el suelo de Igsa a cambio del suelo municipal.
El pasado martes 16 de marzo se formalizó la aprobación definitiva de la recalificación de Penyaroja al publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia. En el boletín se publica el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, que dio su visto bueno a la operación. Además, también recoge un segundo punto para "desestimar las alegaciones presentadas durante la tramitación autonómica del expediente". A partir de ahora los vecinos podrán recurrir este cambio de planeamiento en consonancia con lo que han estado advirtiendo los últimos años.
