VALÈNCIA. La cuestión ha acabado en los tribunales. Inmobiliaria Guadalmedina S.A. (Igsa) ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el juzgado para reclamar la responsabilidad patrimonial tras la sentencia del TSJ que anulaba el cambio de planeamiento en la operación de Tabacalera. El Ayuntamiento rechazó en verano pagarle 52,6 millones de euros a la promotora, pues busca compensarle con un suelo que acaba de recalificar en el barrio de Penyaroja. Sin embargo, la falta de un acuerdo entre ambas partes hace que la empresa continúe reclamando esta indemnización en los tribunales.
Concretamente, el pasado 3 de julio la Junta de Gobierno Local rechazó el último intento de Igsa de reclamar esta indemnización en la vía administrativa -con un recurso de reposición-. Este 'no' sólo dejaba a la firma la vía judicial para continuar reclamando este dinero, y así lo hizo el mismo 22 de julio en un recurso al que ha tenido acceso este diario y que el juzgado admitió a trámite el primer día de septiembre. Según fuentes conocedoras del procedimiento, este mes Igsa ya habría formalizado la demanda después de que el Ayuntamiento haya remitido al juzgado el expediente relativo.
Todo deriva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2016 que anulaba el cambio de planeamiento de Tabacalera aprobado por el anterior ejecutivo del Partido Popular. En 2005 ambas partes habían suscrito un convenio que más tarde dio lugar al cambio de planeamiento de Tabacalera aprobado por el Ayuntamiento. Así, tras anular el TSJ valenciano dicha modificación -decisión ratificada después por el Tribunal Supremo-, la firma consideró que el consistorio había incumplido el convenio y, además, la promotora se quedaba sin poder construir en un suelo donde consideraba que había adquirido el derecho a hacerlo. Por ello, tras el fallo, presentó ante el consistorio en 2018 la reclamación millonaria en concepto de responsabilidad patrimonial.
Fue entonces cuando el equipo de gobierno y en concreto la concejalía de Urbanismo, entonces dirigida por el edil socialista Vicent Sarrià, anunciaron la propuesta para resolver el entuerto: el Ayuntamiento compensaría a la firma con dos pastillas de suelo ubicadas en el barrio de Penyaroja, de manera que no tendría que desembolsar la millonada de las arcas del consistorio. Se trata de unas parcelas que inicialmente estaban calificadas como suelo educativo y zona verde y que, para poder dárselas a Igsa, requerían previamente ser recalificadas y convertidas en suelo residencial.
Y eso es lo que hizo la concejalía de Urbanismo: iniciar los trámites para recalificar estos terrenos. Ahora bien, lo hizo sin haber suscrito previamente ningún acuerdo con la empresa promotora que la obligase, después de hacerse la recalificación, a aceptar estos terrenos como compensación. De hecho, aunque al tramitar esta modificación de planeamiento sí se reconocía que la constructora había adquirido derechos en el entorno de Tabacalera, por otro lado, en otoño de 2019, ya con Sandra Gómez como responsable de Urbanismo, el ejecutivo local dio su primera negativa a la petición de responsabilidad patrimonial.
El gobierno consideraba con este rechazo que el convenio de 2005 le eximía de cualquier responsabilidad contractual. Asimismo, cuestionaba la relación de causalidad entre la actuación del Ayuntamiento y el perjuicio final de la propia empresa, además de subrayar que la sentencia no sólo anulaba el planeamiento sino también el citado convenio. En consecuencia, el consistorio fiaba la solución a los solares de Penyaroja.
No obstante, para no perder el derecho a reclamar la indemnización, la empresa propiedad de la familia de Enrique Ballester insistió en la vía administrativa presentando un recurso de reposición a la negativa consistorial. Recurso que a principios de julio la Junta de Gobierno Local rechazó, lo que abocaba a la empresa a ir a los tribunales, que es lo que finalmente ha hecho ante la falta de un acuerdo con el consistorio por los solares de Penyaroja.
Aunque en la concejalía de Urbanismo siempre se han mostrado convencidos de que estos terrenos bastarían para saldar la deuda y que Igsa ya los había aceptado -al menos en términos informales-, lo cierto es que no hay ningún convenio escrito ni rubricado. De hecho, en el pleno de mayo, la propia concejala de Urbanismo y vicealcaldesa, Sandra Gómez, admitía en el pleno municipal que había "un convenio urbanístico gestándose para dar solución a la sentencia" del TSJ. Motivo por el cual "no ha lugar a responsabilidad patrimonial", aseguraba.
En román paladino: con la firma del convenio no habría responsabilidad patrimonial que valiera, pero sin este, la empresa tiene la opción de continuar reclamando la compensación en los tribunales. Y esto es lo que ha hecho. Con todo, y pese a que el convenio está "gestándose", el Ayuntamiento ya ha consumado el cambio de planeamiento en Penyaroja. La pasada semana, sin ir más lejos, el expediente superó el último estadio del proceso administrativo al recibir la luz verde de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana.
La proyección de torres en el suelo de Penyaroja recalificado
Los vecinos se oponen a la recalificación e irán a los tribunales
Esta solución se está adoptando, eso sí, con la oposición de la Asociación de Vecinos de Penyaroja, que desde que se conocieron las intenciones consistoriales ha estado batallando contra la decisión de ubicar en el barrio estas torres de edificios. A juicio de la plataforma vecinal, el barrio requiere todavía de muchos servicios y eliminar suelo dedicado a zonas verdes y a centros educativos no parece lo más adecuado.
Desde el consistorio señalan que el suelo educativo que cambiará de uso es una parte que la Conselleria había admitido que por su morfología no podía acoger un colegio. Asimismo, justifican la solución al embrollo de Tabacalera desde una perspectiva global. La cesión de suelo que se le debería hacer a Guadalmedina sería mucho mayor en otros barrios, recuerdan, ya que se hace en función del valor del metro cuadrado y Penyaroja es uno de los barrios más caros de València. La plataforma ya ha anunciado que acudirá a los tribunales por la vía del contencioso-administrativo contra la recalificación.
El portavoz de la plataforma, José Tárrega, participó en el debate del estado de la ciudad precisamente para recriminar la falta de dotaciones. Indicó que el barrio tiene 12.414 habitantes -"especialmente niños y jóvenes-" pero no una biblioteca pública ni casal joven, a la vez que destacó que el ambulatorio de Trafalgar está saturado y censuró que las naves de Cross y la alquería del Club de Tenis estén abandonadas. Así, apuntó que en esta zona la idea "la ciudad a 15 minutos es mentira". Asimismo, en la plataforma, señalan que los nuevos edificios se situarían cerca de las llamadas Naves de la Cross.
La proyección de torres en el suelo de Penyaroja recalificado
