VALENCIA, (EFE). La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado al magistrado Fernando Presencia con 3.600 euros de multa e inhabilitación por 10 años a causa de un delito de prevaricación.
La sentencia señala que el magistrado, ejerciendo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Talavera de la Reina (Toledo), "dictó a sabiendas una resolución injusta para favorecer a un amigo imputado en un procedimiento que tramitaba su juzgado".
Presencia, responsable de la tramitación del concurso de acreedores de grandes constructoras como Llanera o el del Levante UD, ya fue trasladado forzosamente en 2012 desde el juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia a Talavera de la Reina por una falta muy grave en su intervención en la organización de un máster y el CGPJ le imposibilitó además a obtener otro destino mediante concurso en el plazo de un año.
Esta sanción tuvo su origen en una denuncia de la Asociación Preeminencia del Derecho y tenía que ver con las circunstancias en las que se impartía un máster en administración concursal en la Universidad Politécnica de Valencia y las designaciones de administradores concursales en su Juzgado.
El Tribunal Superior de Justicia ha informado esta mañana en un comunicado acerca de los resultados de la sentencia, dictada tras el juicio celebrado hace dos semanas, y contra la que cabe recurso de casación.
Los hechos probados de la sentencia recogen que la prevaricación se debe a la tramitación de unas diligencias previas abiertas en el juzgado de Fernando Presencia "por delitos de lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro" en un supuesto atropello de un peatón y posterior fuga ocurrida en Talavera de la Reina.
El magistrado acordó "oralmente y a posteriori a través de auto" el sobreseimiento provisional del delito de omisión del deber de socorro, y el sobreseimiento libre y transformación a falta por las lesiones imprudentes "sin haber practicado las diligencias de prueba solicitadas, hasta en tres ocasiones, por la parte denunciante".
Esas pruebas pedidas eran la declaración de un testigo presencial del supuesto atropello y el conocimiento del atestado de la Policía Local.
La Sala señala en su sentencia que el magistrado Fernando Presencia actuó así, "no porque creyera que era lo que procedía conforme a derecho, sino para favorecer al imputado en el procedimiento", con el que, dice la Sala, se ha acreditado "una estrecha amistad" a la vista de las declaraciones practicadas en el juicio.
La Sala de lo Civil y Penal condena a Fernando Presencia a una multa de 12 meses con una cuota de 10 euros diarios más la inhabilitación por 10 años para el cargo de juez o magistrado "con pérdida definitiva del cargo que ostenta".
También le impone "la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del poder judicial o fuera del mismo".
El juez manda a prisión provisional a tres de sus colaboradores ante el riesgo de fuga y de reiteración en la comisión delictiva
