La vacante era de intendente y fue creada pocos meses antes de que se celebraran los comicios locales
VALÈNCIA. La sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ratificado la anulación de la plaza de intendente principal de la policía local de Riba-roja de Túria que creó el Partido Popular en el año 2011 unos meses antes de las elecciones. El tribunal admite así el recurso de apelación interpuesto por el consistorio contra una sentencia anterior en la que estimaban que el recurso del empleado era válido.
Los hechos arrancaron en febrero del año 2011, cuando el Ayuntamiento de Riba-roja del Túria, gobernado entonces por Francisco Tarazona, creó pocos meses antes de las elecciones una vacante de intendente de la Policía Local, así como otras cinco plazas municipales. Del mismo modo, también decretó una subida salarial media del 3’2%, un porcentaje muy superior al 0’3% que fijaba el índice de precios al consumo (IPC) para todos los trabajadores.
El Abogado del Estado recurrió entonces la creación de las seis plazas de funcionarios y la subida del presupuesto, al entender que todas estas decisiones no estaban justificadas y contravenían algunas de las disposiciones contempladas por el gobierno central en materia presupuestaria y laboral.
El aspirante que ganó la plaza de intendente de la Policía Local empezó a ocuparla en el año 2012, hasta que en enero del año 2015 solicitó una comisión de servicios para desempeñar la misma categoría profesional en el vecino municipio de Manises. Una situación que se prolongó hasta enero de 2016, fecha de vencimiento de la comisión.
Mientras tanto, en febrero de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia en la que daba por válida la amortización de la plaza, circunstancia que arrebataba al interesado soporte jurídico para disfrutar de ella. Por eso, al llegar a su fin la comisión de servicio, el nuevo gobierno progresista de Riba-Roja (PSPV, Compromís y Esquerra Unida) se opuso a su vuelta.
Sin embargo, en octubre de 2017 el mismo Tribunal Superior de Justicia valenciano estimó como válido el recurso interpuesto por el intendente contra la negación del Ayuntamiento para readmitirlo en su puesto. En aquel momento, el interesado vio reconocido su derecho a recuperar la plaza y todas las percepciones correspondientes a la misma.
No obstante, el Ayuntamiento apeló esta decisión y ahora el TSJ vuelve a darle la razón al consistorio, al tiempo que rechaza todas las peticiones del demandante, a quien todavía le queda la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.
El alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, ha manifestado la satisfacción del equipo de gobierno, y ha resaltado que la sentencia "ratifica la postura mantenida desde un primero momento, ya que en el año 2011 el Partido Popular no realizó una buena gestión en materia de presupuesto y personal, como así han avalado los tribunales".
