VALÈNCIA. (EP). La juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) que instruye la querella contra el Govern por el 1-O, Mercedes Armas, ha ordenado a Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional precintar las sedes electorales del 1-O y requisar todo el material vinculado al referéndum, como ya había ordenado la Fiscalía Superior de Cataluña.
El auto, recogido por Europa Press, constata una "clara inobservancia" de los querellados de sucesivos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) sobre el referéndum y también de resoluciones de la propia juez que ordenaban bloquear webs del Govern sobre el 1-O.
"Dichas cautelas han sido burladas" por el Govern creando webs semejantes, donde además se subraya que la consulta va a realizarse, y por eso la juez interpreta que el Govern pretende hacer todo lo posible para el voto del 1-O.
La magistrada ordena impedir este objetivo del Govern "sin afectar la normal convivencia ciudadana" y garantizar que las otras administraciones en Cataluña no se vean afectadas.
Eso implica impedir que hasta el domingo se usen locales o edificios públicos y lugares donde se presentan servicios de carácter público para la preparación del 1-O; también sin interferir en su funcionamiento normal.
Si en uno de esos lugares se prepara el referéndum mientras hay servicios públicos en marcha, se deberán cerrar sólo las dependencias que afecten al 1-O; y también habrá que impedir el funcionamiento de establecimientos públicos con logística de apoyo a la votación.
También pide a la Fiscalía Superior de Cataluña "cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones", aunque apoya que la situación hace necesario que todos los mandos policiales tengan la coordinación y supervisión del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad --el fiscal ya había ordenado la coordinación desde el Ministerio del Interior--.
Este auto llega al día siguiente de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentara un requerimiento a la misma juez para que ordenara a la Fiscalía catalana cesar su investigación sobre el referéndum y trasladar a la autoridad judicial todas sus actuaciones.
Puigdemont alegaba que el fiscal no puede poner los hechos en conocimiento del juez y a la vez "reservarse su investigación al margen o en paralelo al del órgano judicial competente", mientras que la juez constata en su auto que toda policía judicial depende de los tribunales, de los jueces y también de los fiscales.