El TSJCV condena la agresión a la jueza de Segovia y exige medidas para garantizar la seguridad en juzgados

VALÈNCIA. (EP) El pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado "enérgicamente" y ha lamentado la agresión sufrida este martes por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva (Segovia), a la que ha deseado "una pronta recuperación".

"Ante hechos de estas características hay que insistir en la necesidad de que se dote a las sedes judiciales de medidas efectivas para garantizar la seguridad de todas las personas que integran la Administración de Justicia", ha señalado el pleno del alto tribunal valenciano.

Los jueces valencianos han celebrado a las 12.30 horas de este miércoles concentraciones ante las sedes judiciales para condenar la agresión sufrida por la jueza. En el caso de València, se ha celebrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia, presidida por la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva; en Castelló, también en la Ciudad de la Justicia y en Alicante ante la Audiencia Provincial.

La jueza de Santa María la Real de Nieva fue agredida por un hombre que utilizó un destornillador en las inmediaciones de las instalaciones que albergan el juzgado. La jueza fue atendida en primer lugar por un médico del centro de salud de la localidad pero después fue trasladada al Hospital de Segovia, donde se encuentra ingresada en la UCI.

Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado difundir el siguiente comunicado:

“Ante el ataque sufrido en el día de ayer por la magistrada Dª María Sonsoles Sanchidrián Velayos, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva (Segovia), el Consejo General del Poder Judicial manifiesta su enérgica condena de tan lamentable hecho, al tiempo que transmite a la magistrada y a su familia su apoyo y deseos de una pronta recuperación.
 
En un Estado de Derecho corresponde al Poder Judicial la pacífica resolución de los conflictos, a través de los cauces procesales legalmente predeterminados, con las garantías constitucional y legalmente establecidas, pudiendo las partes discrepar de las resoluciones judiciales mediante los recursos pertinentes.
 
Lo que no es admisible nunca y bajo ningún pretexto es acudir a la violencia como forma de discrepancia, atentando con ello tanto contra la integridad de la juez como contra el papel constitucional que ejerce. Este ataque trasciende así de lo personal, suponiendo un atentado contra nuestro modelo de convivencia basado en el pleno respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos, que también se observará en la investigación judicial de estos hechos”.