VALÈNCIA. (EP). La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al grupo popular en las Corts Valencianes y ha considerado que se ha vulnerado su derecho al no haber recibido en plazo la documentación solicitada sobre los trabajos realizados por la comisión para el estudio de la reforma tributaria por parte de la Conselleria de Hacienda. El tribunal impone hasta un máximo de 1.500 euros a la administración demandada en pago de costas.
De esta forma, la sala acepta el recurso del PP contra la resolución de octubre de 2016 del conseller de Hacienda, Vicent Soler, por la que se dio respuesta a una solicitud de documentación presentada por el PP. El tribunal declara esa respuesta contraria a la Constitución y obliga a facilitar la información en los términos requeridos.
En este caso, el PP había pedido una copia del informe o trabajos realizados por la comisión para el estudio de la reforma tributaria, creada por resolución del conseller de Hacienda, y que se hubieran presentado a Soler al tiempo de contestación de la iniciativa parlamentaria. La respuesta fue que la comisión realiza su trabajo en dos fases: una para formular propuestas para un plazo inmediato y que se había completado y presentado el correspondiente informe, que se hizo público y del que se entregaron copias a los síndicos de los grupos.
Sin embargo, el PP alegó que no había recibido copia alguna y que fue tras la interposición del recurso, en noviembre de 2016, cuando se dio cumplimiento a la petición, una vez transcurrido el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales.
La sala considera que no ha quedado probado "en forma alguna" por la administración que se hubiera depositado la documentación solicitada en el casillero del grupo ni que se hubiera publicado el 10 de octubre de 2016 en la web de la Conselleria, "pruebas que no se han llevado a cabo ni siquiera se ha intentado".
Al respecto, la portavoz adjunta del PP en las Corts, Eva Ortiz, quien había pedido la documentación, ha señalado que en este caso el perjuicio fue "evidente" para su grupo y ha criticado que el Consell "que presumía de llevar la bandera de la transparencia ya acumula una decena de condenas por no facilitar documentación solicitada por el PP".
"En poco más de dos años de Botànic el TSJCV ha dado un tirón de orejas a Educación, Hacienda, Justicia, Agricultura y hasta a la vicepresidenta Oltra por no facilitar información sobre una serie de acuerdos del Consell", ha indicado en un comunicado, en el que ha subrayado que "especialmente reincidente es la Conselleria de Hacienda, que ha sido condenada en diversas ocasiones por no facilitar información sobre informes de la Intervención o informes de fiscalización".