Pilar de la Oliva, presidenta del TSJCV. VPVALENCIA. Pocas reuniones de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se recuerdan tan tensas como la celebrada este lunes con motivo de la posible pérdida de un juzgado de instrucción para poder trasladar los penales desplazados en Alzira, Torrent y Paterna con la consiguiente creación de un juzgado nuevo de ejecutorias, tal y como publicó en exclusiva Valencia Plaza el sábado.
Según fuentes de toda solvencia el plante de todos los jueces y magistrados de lo Penal y de Instrucción de Valencia ha llevado a que la Sala solicite un nuevo informe al respecto, puesto que el que se presentaba hoy era favorable al traslado pero estaba hecho antes de saber que, dicho traslado, suponía la pérdida de un juzgado de instrucción.
El ponente del informe será el magistrado de Alicante Juan Carlos Cerón y, según ha podido saber este periódico, llevará un informe totalmente contrario a la solicitud del TSJCV, el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Conselleria de Justicia que apuestan por el traslado de los penales aunque ello suponga la desaparición de un juzgado de Instrucción.
La reunión ha comenzado con la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, defendiendo la necesidad del traslado de los juzgados pero, al parecer, al saber del plante total de sus compañeros jueces y magistrados ha dado “la callada por respuesta” ante la solicitud del resto de la Sala de Gobierno de un nuevo informe que fuera contrario a su petición.
Todas las fuentes judiciales consultadas por este periódico coinciden en el hecho de que “no comprenden porqué De la Oliva no ha trasmitido antes que el Ministerio de Justicia pedía eliminar un juzgado para crear otro”.
El sector de Justicia de CCOO que defiende los intereses de los funcionarios de Justicia, “se opone firmemente a dichas medidas. Por un lado, la supresión de los Juzgados Penales de Paterna, Torrente y Alzira, supondría que la ciudadanía de estos partidos judiciales tendría que desplazarse a Valencia para realizar los trámites en esta jurisdicción”.
Por otro lado, aseveran, que “la supresión de Juzgados de Instrucción de la localidad de Valencia, justo cuando entra en vigor la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que reduce el plazo de instrucción de las causas a 6 meses, es un despropósito absoluto, y más teniendo en cuenta la complejidad de algunas causas, como las de corrupción que se tramitan en muchos de ellos”.
Según declaraciones de esta entidad, en caso de desaparecer el juzgado de Instrucción, cada uno de los funcionarios perdería 500 euros al mes en caso de hacer una guardia y hasta 900 euros si fueran dos.
