El Valencia CF se queda sin ATE... ¿y ahora qué?

VALÈNCIA. La justicia ha acabado fallando en contra del Valencia CF y le deja sin ATE del Nou Mestalla, la herramienta urbanística aprobada en 2012 por la Generalitat Valenciana que otorgaba al club che numerosos beneficios urbanísticos a cambio de construir el nuevo estadio y un polideportivo, además de exigirle el cumplimiento de otras condiciones en un plazo determinado. Pero precisamente la falta de avances en el proyecto y el incumplimiento de las fechas límite hizo que la Generalitat resolviera de manera anticipada la ATE pese a la oposición del Valencia. Ahora, la justicia ha dado la razón a la administración.

En las dos sentencias sobre este asunto, conocidas este viernes, el TSJ declara conforme a derecho la decisión de la administración autonómica y desmonta uno a uno los argumentos del club que preside Peter Lim para mantener en vigor la ATE. El alto tribunal valenciano niega que hubiera "inactividad" del Ayuntamiento de València para aprobar el proyecto del estadio, descarta que el impacto de la pandemia tuviera nada que ver y achaca los retrasos exclusivamente a la "ausencia de recursos financieros" del club. Una falta de dinero que "tampoco" puede justificar el cumplimiento de sus obligaciones, dice la sala.

"La insuficiencia financiera se presenta como cuestión relevante y directamente ligada al incumplimiento", concluye el fallo, que añade que la solicitud de prórroga de los plazos que hizo el Valencia no se puede considerar una muestra de querer acaba el nuevo coliseo, sino que fue un "elemento desencadenante" a raíz de los incumplimientos, que no sólo afectan al Nou Mestalla, sino a la construcción del polideportivo municipal en Benicalap, que también le correspondía al club, E incluso sería responsable, por haber adquirido el compromiso ante la administración, de la no construcción del hotel en la avenida Aragón, aunque su promotor sea la firma Expo Grupo.

Uno de los fallos hacía referencia a la solicitud del Valencia CF denegada por la Generalitat para prorrogar los plazos de la ATE y otro, a la resolución anticipada de la ATE. Dos procesos diferenciados pero estrechamente vinculados que se han resuelto al mismo tiempo. Contra ambas sentencias cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si bien desde la administración ya dieron por concluido el litigio y celebraron la resolución judicial. Pues bien, ¿y ahora qué?

Se mantiene el planeamiento

Cabe recordar que la ATE conllevó una modificación del planeamiento urbanístico, mediante el cual se incrementaron los derechos urbanísticos en 40.000 metros cuadrados de suelo terciario, con los que el club pretende hacer caja para financiar el Nou Mestalla. Y hay que dejar claro que la caducidad de la ATE no supuso la anulación del planeamiento. De hecho, la resolución de la Generalitat acordaba en su literalidad "el mantenimiento de las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada". Y se hizo así por el "interés general" de la operación.

También la administración autonómica mantuvo las obligaciones del club y exigió, si se quiere obtener licencia para explotar el suelo residencial y terciario de la Avenida de Aragón o en Cortes Valencianas, que se acredite antes "el pleno cumplimiento de los compromisos y obligaciones" que hasta la caducidad "pesaban sobre el promotor de la ATE" o, en su defecto, que se preste "la garantía financiera suficiente para asegurar su cumplimiento".

¿Y ahora qué?

Con todos estos mimbres, y de cara a la construcción del nuevo estadio, hay dos trámites clave. Uno de ellos, la aprobación de las fichas urbanísticas, preparadas desde el anterior gobierno municipal, con la socialista Sandra Gómez al frente de la concejalía de Urbanismo. Esta es una herramienta que rige la gestión del suelo y que no afecta a sus características urbanísticas. Se trata de la ficha urbanística sobre el Nou Mestalla y la modificación de la ficha del antiguo estadio, donde además de incluir aspectos arquitectónicos, el consistorio quiere blindar la construcción del polideportivo por parte del club, y que el Valencia sólo pueda explotar los 75.900 metros cuadrados residenciales y otros 54.000 de terciario -hay 14.000 en la avenida de Aragón-, todos ellos ya existentes, una vez vaya cumpliendo determinados hitos para cumplir con sus obligaciones.

El Ayuntamiento de València, ahora dirigido por la popular María José Catalá, y con el edil Juan Giner al frente de Urbanismo, debería aprobar estas fichas urbanísticas antes del próximo 3 de agosto. Ese día finaliza la suspensión de licencias aprobada hace dos años con la resolución anticipada de la ATE. Y aunque no es probable que las obras se puedan reactivar pronto -ni el club parece tener el dinero necesario, ni ningún promotor parecería dispuesto a construir nada en un terciario anexo a un esqueleto de cemento- , lo deseable para la administración es que las fichas estén aprobadas para entonces en aras de 'atar' los mencionados condicionantes para cuando el Valencia pueda y quiera poner en marcha las obras y explotar el residencial y el terciario.

Las fichas ya pasaron el pasado año por exposición pública y hasta ahora, el gobierno municipal no las ha llevado a aprobación en el pleno municipal. De hecho, acordó esperar a la resolución del TSJ para avanzar en ese sentido. Ahora, con el fallo judicial en la mano, Catalá pidió este jueves a la oposición, Compromís y PSPV, que aclaren su postura sobre la aprobación de las fichas cuando se sometan a votación. 

Y es que Vox ha rechazado aprobar las fichas al oponerse a otorgar cualquier beneficio a Lim mientras sea máximo accionista. Este bloqueo hace que Catalá precise los votos de Compromís o PSPV para sacarlas adelante. Sin embargo, tanto la portavoz socialista, Sandra Gómez, como la de Compromís, Papi Robles, condicionan la aprobación de estas fichas a la suscripción de un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y el Valencia CF donde establecer los requisitos para asegurarse que se construye un estadio "de cinco estrellas", como se había acordado en 2015.

Pero al parecer aquí hay discrepancias entre oposición y la alcaldesa. Hay que recordar que el pasado mes de enero, Catalá se mostró partidaria de dar la licencia de obra y comprobar el compromiso del club con retomar las actuaciones, y más tarde, aprobar el convenio con las condiciones a cumplir. "Cuando empiecen las obras y veamos un grado de ejecución importante, empezaremos a hablar del convenio", señaló la primera edil. Un convenio donde, dijo, quiere fijar "un programa temporal de las obras con penalidades, cuyo pago se garantizará con aval bancario", además de incorporar en él "las fuentes de financiación de las obras".

El club presentó al Ayuntamiento de València un último proyecto para el nuevo coliseo que contempla un aforo inicial de 66.005 mil espectadores que podría llegar hasta 70.016, una mejor cubierta y una reducción general de su presupuesto al haber menos fachada y menos plazas de aparcamiento. Todo ello valorado en 119 millones de euros, a los que habría que sumar el beneficio de la constructora y sus gastos así como los impuestos. Pero hasta en esto hay disputa, pues el consistorio aprobó hacer una auditoría "externa e independiente" para evaluar el coste de las obras.