El profesor de la Universitat de València José Elías Esteve logra que el Tribunal Constitucional admita a trámite una querella para reabrir el caso Tíbet
VALENCIA. El activista en España Thubten Wangchen le contó al juez cómo llevar una fotografía del Dalai Lama había provocado su detención en 1987, cuando ejercía como guía turístico en el Tíbet. Se dejó por el camino que los chinos habían matado a su madre siendo él bien pequeño. Su caso es solo uno entre tantos de los vividos por los habitantes de la región, desde que en 1950 arrancarán la invasión por parte del Ejército Popular de Liberación de China. Muchos menos se han atrevido a relatar su historia ante los tribunales. De poco les ha servido, porque los máximos órganos españoles han paralizado cualquier posibilidad de ajusticiar a los acusados.
Esto es lo que se ha propuesto combatir José Elías Esteve, profesor de Derecho Internacional y secretario del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia (IDH), que lleva años actuando como abogado del Comité de Apoyo al Tibet. Su principal objetivo es revertir restrictiva reforma legal, que significó un severo recorte de la jurisdicción universal, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en marzo de 2014. Fue entonces cuando el juez Ismael Moreno, por decisión de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se vio obligado a dejar de investigar las denuncias por el asalto de China al Tíbet con las que llevaba ocho años. La idea era una y clara. Había que limitar la actuación de los magistrados españoles en los delitos que sucedieran fueran de nuestras fronteras, aunque fueran genocidios.
“El derecho internacional no puede quedar relegado a un segundo plano, y más cuando esta situación se produce por la presión de un gobierno AUTOCRÁTICO"
“En realidad tuvo mucho que ver con las presiones del Gobierno chino”, explica Esteve. “Los jueces ya tenían más que acreditada la consumación de un genocidio, y de repente China amenaza con retirar los acuerdos económicos y exige una reforma legal con condiciones imposibles, que se lleva a cabo en apenas dos semanas”, explica el también abogado, que decidió no cruzarse de brazos. Junto a otros activistas por el caso, elevó una reclamación al Tribunal Supremo, donde también se enterraron las posibilidades de continuidad, y finalmente planteó una querella ante el Tribunal Constitucional. Ahora este órgano ha admitido a trámite el recurso de amparo para revisar la validez del cierre, “lo que ya de por sí es un gran avance, porque no contábamos ni con eso”, admite.
La querella, que ha tardado más de un año en registrarse, está pendiente de resolución. Si bien los plazos se desconocen, podría resolverse a lo largo de 2017. Su trascendencia no solo afecta a la continuidad de investigaciones del caso Tíbet, donde se habían dictado órdenes de busca y captura contra contra el expresidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng, además de otros seis altos cargos. También restauraría el principio de justicia universal, cuya eliminación consideró injustificada la Fiscalía.
“El derecho internacional no puede quedar relegado a un segundo plano, y más cuando esta situación se produce por la presión de un gobierno autocrático y el supuesto interés de la defensa de la deuda pública”, argumenta Esteve. En este sentido, recuerda que no es la primera vez que se da una situación parecida ya que en 2003 Bélgica también se vio obligada a hacer cambios en su ley de genocidio. El entonces primer ministro, Guy Verhofstadt, anunciaba que la ley que otorgaba a las cortes de ese país la posibilidad de juzgar casos referentes a crímenes de guerra, sin importar dónde fueron cometidos, era derogada. Las organizaciones humanitarias clamaban en contra por la presión política ejercida desde Norteamérica e Israel. Y es que aquello implicaba el fin de las acusaciones contra el presidente de Estados Unidos, George W. Bush; el primer ministro israelí, Ariel Sharon o el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld.
El archivo del caso Tíbet es solo una de las muchas consecuencias de la anulación de la justicia universal. La reforma legislativa también provocó el cierre de otras causas en España de ámbito internacional como las torturas Guantánamo, el asesinato del periodista José Couso o la Flotilla de Libertad. José Elías Esteve ha asegurado que “la actual admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional abre de nuevo la puerta a la esperanza no únicamente a las víctimas tibetanas, sino a la de otros graves conflictos abandonados”.
El origen del interés de José Elías Esteve por el Tíbet cabe buscarlo en su tesis doctoral, que versaba precisamente sobre la masacre llevada a cabo por el Ejército de China, y fue publicada en 2005. A partir de ese momento fue forjando su implicación a través de la colaboración con organizaciones activistas. Participó activamente en la investigación de la causa por parte de la Audiencia Nacional, antes de que la misma quedara archivada definitivamente en abril de 2015 en aplicación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reducía la justicia universal a la mínima expresión.
Alan Cantos, director del Comité de Apoyo al Tíbet, ha destacado que no solo se abre “la esperanza de no dejar tiradas en la cuneta a las víctimas”, sino de “aliviar la vergüenza nacional e internacional, así como restablecer la Justicia Universal en España, donde su aplicación era ejemplar y admirada”. En los próximos meses los jueces del Tribunal Constitucional decidirán, si la reforma de la justicia universal es inconstitucional o concluir con el archivo definitivo. “Solo quedaría la vía de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo”, afirma Esteve.