El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. EFELos plazos de una reedición electoral amenazan seriamente el cambio de modelo que reivindican todos los partidos valencianos. En 2017, el actual sistema cumplirá tres años caducado
VALENCIA. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, pidió este jueves "no dramatizar" si ningún partido consigue los apoyos suficientes para un acuerdo en Madrid y es necesario convocar nuevas elecciones generales. De hecho, el jefe del Consell fue más allá al considerar -y no le falta razón- "muy difícil" que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pueda armar un pacto con otras fuerzas políticas -empezando por Podemos- que le permita gobernar.
Unas palabras que, curiosamente, contradicen en cierta medida las pronunciadas por el propio líder valenciano el pasado martes cuando, a preguntas de los medios, señaló que la "parálisis" por el retraso en la formación del nuevo gobierno no era una "buena noticia" para las expectativas de la Comunitat Valenciana. De hecho, la reforma del sistema financiación -caducado desde 2014- fue una de las piedras angulares de la campaña autonómica del PSPV y uno de los ejes del discurso de Puig a lo largo de la pasada y presente legislatura, consiguiendo arrancar el compromiso de Sánchez de abordar la reforma.
En este sentido, cabe recordar que el jefe del Consell impulsó meses atrás una estrategia de carácter fuertemente reivindicativo dirigida a "crear el problema valenciano". Una iniciativa que exigía el cambio del modelo de financiación así como otras peticiones de carácter económico como la mejora de las inversiones en la Comunitat en los Presupuestos Generales del Estado.
Lo cierto es que las dificultades para alcanzar un acuerdo en Madrid que, definitivamente, terminen en una reedición de la cita electoral sí pueden tener un efecto, si no dramático, muy negativo para las pretensiones de la Comunitat Valenciana en cuanto al rediseño del sistema de financiación. De hecho, la parálisis a la que aludía Puig puede conllevar -así se refleja por los plazos mínimos establecidos- que la reforma no se produciría hasta 2017, lo que implicaría un ejercicio más marcado por la infrafinanciación de la Comunitat, cuya cifra acumulada, según el propio Ximo Puig, asciende ya a 16.000 millones de euros desde el año 2002.
Y es que el reloj corre a pesar del parón que han supuesto las elecciones, después de que varios partidos, entre ellos el PP y el PSOE, prometieran que en la nueva legislatura se abordaría el problema. El próximo 13 de enero se constituirán las nuevas Cortes y se elegirá al presidente del Congreso de los Diputados. Cinco días después, se presentarán las proposiciones para constituir los grupos parlamentarios. Tras eso, los portavoces se reunirán con el Rey y, después de estos encuentros, será el jefe de Estado quien, según la información recabada, se encargará de transmitir al presidente del Congreso el aspirante a buscar ser investido como jefe del Ejecutivo.
Desde la primera votación se abre un plazo de dos meses para que se designe un presidente del Gobierno. De no conseguir ninguno la mayoría absoluta -en primera votación- o simple -en segunda y sucesivas-, el presidente del Congreso dará a firmar al Rey un decreto para la convocatoria de nuevas elecciones. A partir de ahí, el plazo para su celebración es de 54 días, según refleja la ley electoral.
O lo que es lo mismo: si la travesía de investir a un presidente del Gobierno fracasa, en mayo se repetirían las elecciones generales. En el mejor de los casos, según los procesos habituales y esperando que no hubiera otra situación de bloqueo, habría gobierno en julio. Con el mes de agosto de por medio, el nuevo Ejecutivo debería enfrentarse prácticamente de inmediato a sus primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que debe presentar antes de acabar el mes de septiembre y aprobarse antes de final de año.
Esos presupuestos generales no incluirían, obviamente, un nuevo modelo de financiación, lo que supondría para el Consell no poder cumplir el objetivo de déficit de 2016 -en cuyo presupuesto figuran 1.300 millones de euros de ingresos del nuevo modelo-, así como tener que cuadrar los presupuestos autonómicos de 2017 con algún ardid contable de similares características.
Por ello, el mejor escenario para la Generalitat desde el punto de vista de sus recursos financieros es que se elija un presidente cuanto antes para que haya un Gobierno central que aborde el cambio de modelo de financiación.
