DOLORES. El alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández, ha anunciado esta mañana que ha solicitado una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Consorcio de la Vega Baja para revocar el nombramiento de la actual presidenta, la alcaldesa de Bigastro, Teresa del Monte, y tomar él las riendas del organismo antes la “inacción y el bloqueo” que arrastra desde hace tres años. Hernández ha comparecido respaldado por 15 ayuntamientos de la Vega Baja, que suman más de la cuarta parte necesaria para convocar esta sesión extraordinaria. El alcalde de Dolores también ha señalado que cuentan con el apoyo de la Generalitat para realizar este relevo, por lo que tienen asegurada la mayoría de la junta de Gobierno para que salga adelante.
En cuanto a los motivos, ha señalado que “son muy conocidos. El Consorcio no ha ejecutado ni una obra de mejora ni ningún ecoparque en estos años, abocando a que se incumpla la ley” en materia de gestión de residuos. El anuncio lo ha realizado después de registrar por sede electrónica la petición de esa sesión extraordinaria y a las puertas de la futura planta de transferencia de Dolores, cuyas obras acabaron hace un año y continúa cerrada. En este sentido, y a falta de resolver un conflicto con la Generalitat en cuanto a actualizaciones de precios de las tasas correspondientes, ya que el proyecto se aprobó en 2013, Hernández ha señalado que la planta puede ser gestionada de forma pública por la Generalitat a la espera de resolver esa fijación de precios. De hecho, la Generalitat ya ha pedido la licencia para poder abrir las instalaciones y técnicos del Consell la visitarán mañana con el fin de ponerla en marcha cuanto antes.
Hernández ha criticado la gestión de Belmonte por esa inacción, a la vez que ha señalado que su municipio está saliendo beneficiado con respecto a otros debido a que le sale más barato el traslado de los residuos a Elche, por cercanía, que a otros municipios que deben desplazarse a Xixona, por lo que “solo mira por su beneficio”. En este sentido, ha adelantado que trabajarán para fijar una “tasa consorciada” para que todos los municipios paguen lo mismo, independientemente de adónde trasladen los residuos hasta que haya una solución definitiva.