CASTELLÓ. El proyecto Castor, cuyo juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Castellón para depurar responsabilidades por los daños supuestamente causados a 123 afectados y por delitos contra el medio ambiente, fue una concesión administrativa otorgada en 2008 para la construcción y explotación del que tenía que ser el mayor almacén subterráneo de gas natural de España, sumergido en un antiguo campo petrolífero marino frente a las costas de Vinaròs.
Esa concesión fue aprobada por el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en septiembre de 2013 el Ejecutivo de Mariano Rajoy ordenó paralizarlo, movido por la presión social, por estar relacionado con varios centenares de movimientos sísmicos en la zona.
En 2014 se puso fin a la concesión de la obra y se decidió indemnizar a la empresa constructora, Escal UGS, que estaba participada mayormente por la sociedad ACS, con una transferencia de 1.350 millones de euros financiados por un crédito de los bancos Santander, CaixaBank y Bankia, que también eran inversores.
En 2017 se clausuró el proyecto y, tras una sucesión de decisiones sobre las indemnizaciones en los tribunales, en 2020 el Tribunal Supremo reconoció a los bancos esa cuantía y el actual Gobierno aprobó su desembolso, vía emisión de 638 millones en deuda pública y los restantes en otros créditos del Estado. Además incluyó un nuevo impuesto especial para repercutir el coste entre los usuarios de gas.
- 14 junio de 2013.- Comienzan las actividades en el almacén subterráneo de Gas Natural Castor en un antiguo yacimiento petrolífero marino frente a Vinaròs, a más de 1.700 metros de profundidad y a unos 22 kilómetros de la costa.
- septiembre de 2013.- Detectados microterremotos en la zona del delta del Ebro. Se ordena el cese temporal de los trabajos.
- 4 octubre de 2013.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señala la "probabilidad alta de que haya una relación directa" entre las inyecciones de gas y los movimientos sísmicos.
- 12 mayo de 2014.- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que los más de 400 seísmos registrados tienen una "relación directa" con la inyección de gas.
- 3 octubre de 2014.- El Gobierno de Rajoy fija en 1.350,7 millones de euros la indemnización Escal UGS, participada por el Grupo ACS en un 66,67 %, por la renuncia a la concesión.
- 16 octubre de 2014.- El Congreso de los Diputados convalida el real decreto-ley por el que se cierra el almacén de gas. El PSOE recurre el decreto.
- 11 noviembre de 2014.- Escal recibe la indemnización de 1.350,7 millones.
- 22 diciembre de 2017.- El Tribunal Constitucional anula la indemnización. En este año se clausura finalmente el proyecto.
- 4 enero de 2019.- Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones que habían aportado.
- 31 octubre de 2019.- El Consejo de Ministros aprueba el sellado definitivo del almacén Castor. Poco después, el Supremo admite a trámite el recurso de Escal UGS contra esa decisión.
- 29 octubre de 2020.- El Tribunal Supremo reconoce el derecho de los bancos a ser indemnizados.
- 29 diciembre de 2020.- El Gobierno aprueba el pago de los 1.350,7 millones a los bancos. Se hará efectivo con la emisión de deuda pública por 638 millones y el resto con baja en otros créditos presupuestados por el Estado.
- 18 octubre de 2021.- La Audiencia Provincial de Castellón inicia el juicio del caso Castor para delimitar responsabilidades ante la demanda de 123 vecinos del norte de Castellón y sur de Tarragona afectados por los seísmos.
