DÉNIA (EFE). El Comité de Empresa de Marina Salud ha presentado una queja al Síndic de Greuges por la "ausencia de información" en relación con la operación de venta de las acciones entre los socios DKV Servicios y Ribera Salud SA de la concesión administrativa de Marina Salud SA.
El motivo de la queja, expone, es "la ausencia de información al Comité de Empresa de Marina Salud sobre las acciones legales realizadas y pendientes de realizar por la Conselleria de Sanitat i Salut Pública contra la venta irregular de acciones entre los socios DKV Servicios y Ribera Salud SA de la concesión administrativa de Marina Salud SA".
En su escrito, el Comité de Empresa solicita al Síndic que "se interese" sobre "si la operación de compra y venta accionarial se va a realizar mediante la simple fórmula de 'toma de razón', en contra de la normativa vigente y de lo que señalan los informes previos de la Abogacía de la Generalitat, en vez de requerir la autorización expresa y previa de la Administración (...)".
También le pide que "se interese" sobre "si se han emprendido acciones legales, en qué momento del procedimiento se encuentran" y que les "informen de las actuaciones realizadas", tal y como han solicitado "a Presidencia, a la Conselleria de Sanitat y a la Conselleria de Participación i Transparencia, sin obtener -afirma- ninguna respuesta hasta este momento".
En su escrito, el Comité de Empresa desglosa las diferentes solicitudes que ha elevado a la administración autonómica y a Marina Salud respecto a esa operación de venta accionarial.
En concreto, señala que el pasado 26 de agosto registró un escrito ante Presidencia y ante la Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Transparencia.
En ese escrito reclamaba que "se paralice e impida la operación de venta accionarial entre DKV y Ribera Salud", alegando, entre otras razones, el "incumplimiento del artículo 64 del Estatuto de los trabajadores, al no ser informado con antelación el Comité de Empresa y no poder realizar informe con carácter previo".
También aducía que, "con esta operación mercantil, se vulnera la Ley de Salud de la C.V. 8/2018 de 20 de abril, (preámbulo VI), la cual pone limitaciones a la adquisición de títulos accionariales o participaciones de los entes públicos, con el objetivo de proteger los intereses de los usuarios".
Argumentaba, igualmente, la "necesidad de autorización previa y expresa de la Conselleria de Sanitat, según informe jurídico de la Generalitat Valenciana firmado en mayo de 2016".