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AL OTRO LADO DE LA COLINA / OPINIÓN

Elecciones y gestión pública

Mañana domingo se celebra, como antaño se decía, la fiesta de la democracia, esperemos que los gobiernos que surjan de esas elecciones sean lo más estable posible, y no tengamos que repetir como los malos estudiantes

27/04/2019 - 

En esta campaña electoral hemos visto de casi todo, porque como bien dice en muchas ocasiones en Valencia Plaza mi compañera de columna del viernes, Pilar Vicente, aún no lo hemos visto todo. Porque hemos tenido debates a doble vuelta, que algún jefe de campaña ha intentado ganar en el post primer debate tras no ganarlo su jefe, aquellos que querían acabar con el régimen caduco del 78 se han transformado en fervientes lectores de la Constitución, y una segunda parte clarificadora aunque repleta de impertinencias y mentiras. Por otra parte los tristes y creíamos viejos hábitos de Kale Borroka, cercenando las libertades y reventando actos electorales han vuelto al Norte, después de instalarse y prodigarse en la autonomía catalana, atacando a Ciudadanos, al PP y a Vox, y un largo etcétera de despropósitos, que están propiciando que se vayan a depositar las vísceras en las urnas antes que las témporas.

Y es así como algunos líderes políticos en lugar de realizar propuestas, advierten de los posibles cataclismos, si los del otro “bloque” suman más que los “suyos”, en lugar de realizar claras propuestas y responder con quien se va a pactar. Aunque en ocasiones, entre tanta discusión y ruido, logran sobresalir las promesas electorales, que si bien dejan entrever los dos modelos de sociedades que se proponen, una dirigida desde lo Público y otra que propugna el ejercicio de la Libertad, no explican muy bien cómo se van a instrumentalizar esas políticas a través de la Gestión Pública. Porque claro “una cosa es predicar y otra dar trigo”, y puedo ser el mejor piloto de Fórmula 1, pero si no tengo un buen equipo humano detrás -los mecánicos- y un instrumento que funcione –un coche de carreras- será imposible que cumpla mis compromisos, lograr todos los éxitos posibles, ante mi escudería y mis seguidores. Pues en la política pasa algo parecido puedo ser el mejor político con las mejores propuestas, pero si no se gestionar el equipo humano que existe  -los servidores públicos- ni el instrumento –la administración- que sustenta, será imposible que cumpla mis compromisos electorales, lograr el mayor de los bienestares posibles, para mi país y mis conciudadanos; y esa es la cuestión que planteo ¿han existido propuestas sobre gestión pública para la nueva legislatura autonómica?

Porque no duden que en la legislatura que en breves días, digo horas, va a comenzar se deberá acometer importantes cambios en esa gestión, como ya ocurrió anteriormente. Pues recuerden, tras la crisis acaecida a mediados de los 90 con Felipe Gonzalez de presidente, se produjo después, como una de sus consecuencias, una reorganización en las administraciones públicas, con una importante reforma de las instituciones presupuestarias, impulsadas por aquel gran servidor que fue el Interventor José Barea, director de la Oficina Presupuestaria, bajo el gobierno de José Mª Aznar, para superar el desequilibrio presupuestario que parecía permanente, así como cimentar una arquitectura normativa coherente con las exigencias del Pacto de estabilidad y de crecimiento de la UE, entre otras. Con la crisis del 2008, y tras las presiones de la UE y de los Mercados Financieros que llevaron al gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero a tener que reformar la Constitución (artículo 135) y a convocar elecciones, el nuevo presidente Mariano Rajoy creó en octubre del 2012 la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con unos objetivos muy claros, en línea con el propósito de las AAPP de servir a los intereses generales, primero simplificar los procedimientos administrativos en beneficio de los ciudadanos, mediante la identificación y eliminación de duplicidades, potenciando la coordinación entre los diferentes órganos de esas AAPP, racionalizar y centralizar en lo posible la gestión pública de los servicios comunes, y finalmente analizar el modelo de Administración Institucional (organismos autónomos, sociedades públicas, fundaciones…) para optimizarla.

Y por qué he adelantado la necesidad de cambios en la gestión pública, se preguntarán ustedes, pues porque se acerca un cambio de ciclo económico (aunque algunos lo nieguen, recuerden que paso tras negar la crisis el ministro socialista Pedro Solbes en el debate con Manuel Pizarro), todos los datos apuntan a que el motor de la economía está perdiendo revoluciones y las cifras de crecimiento menguan, y antes de que el motor se cale, deberíamos prepararnos en todo lo posible; pues nuestro sector público gestiona más del 40 % del PIB, y no hay duda que si se gestionan de una forma más eficiente nuestros impuestos por parte de las AAPP, el resto de la economía, sector privado, que es quien realmente crea nuevos puestos de trabajo, lo agradecerá y recompensará soportando y adaptándose mejor a la nueva crisis, pues la economía es cíclica siempre, siempre, siempre.

Por otra parte son continuos los tirones de oreja (por decirlo finamente) a la gestión pública, en concreto la presupuestaria, del Consell de Ximo Puig y Monica Oltra, ya saben el dicho “Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando”, pues esta semana supimos (ademas de una nueva sentencia declarando nulo el presupuesto de À Punt) que no solo son los Tribunales los que le reprenden (con esas 40 sentencias en contra por educación) sino también el gobierno de España, con su jefe de filas Pedro Sánchez, según nos enteramos por el Diario oficial (viva la transparencia) respecto a la constitucionalidad o no de algunos artículos de la ley de presupuestos de la Generalitat de 2019 y de su ley de acompañamiento. Además de otros reparos como los que hay en el Informe Sindicatura de Comptes del 27 de diciembre de 2018 de Vicent Cucarella, por ejemplo la falta de control del inmovilizado pues “no se encuentran recogidas en un inventario completo y actualizado al cierre del ejercicio que permita su conciliación con los registros contables, ademas de incidencias en las liquidaciones en las concesiones, los casi 1.000 millones sin cobertura presupuestaria (cuenta 409),  o “con carácter general, una insuficiente justificación de la necesidad e idoneidad del contrato” cuando se trata de los contratos menores e incumplimientos comunes en la fiscalización contractual; y no nos olvidemos las últimas recriminaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a la Generalitat Valenciana por derrochona, siendo la autonomía peor valorada por ese órgano independiente de control fiscal respecto al riesgo de incumplimiento de la regla de gasto para el 2019. Eso por no hablar de los datos del Banco de España sobre nuestra deuda, que de principio de la década con 21.860 millones pasamos a finales del 2018 a 47.084 por lo que al acabar ésta, estaremos alrededor de unos 50.000 millones, y aunque descontemos la llamada deuda histórica, producida por una infrafinanciación, que aunque reconocida por todos nadie nos la satisface, son muy malas cifras.

Después de todos esos datos, no muy buenos de gestión presupuestaria, qué nos proponen los partidos según sus programas electorales; prácticamente la totalidad hablan y proponen genéricamente la transparencia, el buen gobierno, medidas y lucha contra la corrupción, mejorar la contratación pero a nivel orgánico las reformas o cambios que proponen son menores siendo aproximadamente los siguientes; el PSPV propone la creación de la OSA, Oficina de Simplificación Administrativa, especie de ventanilla única de cara al ciudadano y las empresas que elimine duplicidades con un objetivo de reducción de un 20 % de tramites con su plan Agiliza; por su parte Vox es mucho más contundente en eso de cambiar la administración, pues propone la reducción a la mitad de altos cargos en la Consejería de Sanidad, la unión de las Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales y Familia, así como recentralizar diversas competencias en educación, sanidad, orden público y justicia; por otro lado Unidas Podemos en su programa electoral (el más largo de todos, casi 300 paginas) propone “garantizar la independencia de los órganos de control internos y externos”, así como el vaciado de las diputaciones a costa de crear (multiplicar) nuevas entidades menores con la Ley de Comercialización; por su parte Compromís, propone continuar “con la reversión de los servicios y la recuperación de las concesiones administrativas de departamentos sanitarios” a pesar de que la Sindicatura de Comptes en diversas ocasiones ha informado sobre su mayor eficiencia y economía, a parte de potenciar los sistemas de alerta de irregularidades y dar un nuevo impulso a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción; Ciudadanos propone reducir la burocracia haciendo cumplir las leyes ya existentes, no teniendo que aportar nueva documentación ya existente en la Administración y exigiendo cumplir con el plazo de 30 días para el pago a los proveedores, todo ello sin grades cambios administrativos; por su parte el Partido Popular parece que tiene más propósitos de reformar el sector público en la GVA, queriendo auditar su Administración Institucional, crear nuevos órganos que mejoren la ejecución presupuestaria, así como también mejorar los controles y las liquidaciones de la colaboración publico privada, a través de la potenciación de los cuerpos de la Abogacía y la Intervención de la Generalitat; como ven hay de todo, como en botica.

Es por eso que gane quien gane, según decidan los ciudadanos este domingo 28 de abril, y se haga cargo de la dirección de la Administración de la GVA y de su gestión pública debería preocuparse en encarar la nueva situación económica hacia la que nos dirigimos y a la que nos enfrentaremos, acometiendo una serie de medidas y reformas, mezcla (entre otras) de las ya realizadas por Barea y la CORA en su momento en la Administración Central, que mejore la eficiencia tanto en la ejecución del presupuesto de gastos (hay que racionalizar la administración al máximo) como en el de ingresos (del que no se habla mucho, pero tras los fondos europeos, por ejemplo, siempre hay un margen de mejora), porque el sector público valenciano debe seguir esforzándose en garantizar nuestras Libertades y Derechos, así como asegurar la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar. 

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