MADRID (EFE).- El Gobierno ha aprobado la primera resolución del cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por la liquidación de la autopista AP-7 de circunvalación de Alicante, por la cual la concesionaria Ciralsa recibirá 306,9 millones de euros, un millón menos de lo inicialmente calculado.
En una nota, el Ministerio De Transportes, Movilidad Y Agenda Urbana (Mitma) explica que estas cantidades, que no son definitivas, deben compensar las expropiaciones y la inversión en las obras de la infraestructura, que revirtió al Estado tras declararse en concurso de acreedores.
Transportes continúa con la tramitación de los expedientes de cálculo de la RPA del resto de autopistas que se encuentran en fase de liquidación, añade la nota. Al importe a pagar en esta fase, a cuenta de la liquidación final de la resolución definitiva, debe agregarse el interés correspondiente, según lo establecido en el acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de abril de 2019, y matizado en alguno de sus apartados por varias sentencias del Tribunal Supremo.
Según dicho acuerdo, el cálculo la RPA reconocida de esta autopista asciende a 320.802.865 euros, importe que resulta de la suma de la RPA por obras (276.622.329 euros) y por expropiaciones (77.843.370 euros), descontado el valor de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoración, la “perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad” (18.094.329,17 euros) y minorando las indemnizaciones pagadas a los expropiados por la Administración (15.568.504,77 euros).
Sobre la RPA reconocida se han de retener provisionalmente los importes para hacer frente expropiaciones pendientes de pago, de las que pueda tener que hacerse cargo la Administración, incluyendo las indemnizaciones previsibles por la reanudación de expedientes expropiatorios suspendidos; en esta fase la cifra asciende a 18.870.598 euros, aclara el comunicado.
La AP-7 de circunvalación de Alicante fue adjudicada mediante un real decreto en febrero de 2004 a una agrupación de empresas que crearon la sociedad concesionaria Ciralsa, que se declaró en concurso voluntario ordinario el 21 de junio de 2013, abriéndose la fase de liquidación el 14 de junio de 2017.
Los hechos tuvieron lugar en 2004, cuando los dueños de unos terrenos acordaron su venta con el Ayuntamiento para reencauzar el Barranc de le Monges
