El juez ve "motivos suficientes"
Las mencionadas fuentes judiciales explican que los hechos investigados en el Caso Feria Taurina del Arroz, según reza el auto, "sin perjuicio de posterior calificación" pueden presuntamente constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El magistrado concluye que las diligencias hasta la fecha practicadas "evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados de forma indiciaria", por lo que procede continuar con el procedimiento penal.
Las diligencias se centran, según detalla la resolución, en las relaciones jurídicas del Ayuntamiento con la empresa para la cesión para los encierros matutinos de las reses contratadas para los festejos taurinos de la Feria que se celebraban por la tarde. Para las que existió, según las actuaciones practicadas, "un convenio en 2017, en el que se fijó un precio de 30.000 euros a abonar por el Ayuntamiento, un segundo convenio en 2018, con el mismo objeto en el que el precio a abonar era de 37.000, y un contrato menor de 15.000 en 2019".
El magistrado, tras concretar cronológicamente los hechos objeto de investigación, en el que describe cada una de las cantidades satisfechas por el consistorio, resume que en los tres años se observa cómo "el Consistorio de Calasparra sistemáticamente asumió y abonó con dinero público determinados gastos cuyo beneficiario directo o indirecto fue el empresario investigado, bien por tratarse de pagos directos a la empresa Chipé por facturas que carecen de justificación (y que el Ayuntamiento tampoco requirió), bien por ser desembolsos propios de la Feria Taurina del Arroz, actividad privada, o bien por constituir gastos relacionados con la plaza de toros, de titularidad privada".
"De esta forma, el desembolso real que efectuó el Ayuntamiento para la cesión de las ganaderías para los encierros excedió ampliamente de los precios pactados entre el consistorio y la mercantil tanto en los convenios de 2017 y 2018 como en el contrato menor de 2019", expone.
Ahora, tras terminar la investigación por irregularidades en la organización encierros en las fiestas en Calasparra durante 2017, 2018 y 2019, el magistrado instructor ordena la continuación del procedimiento contra el que fuera alcalde, los dos concejales de Festejos que se sucedieron en tales fechas y el administrador de una mercantil de eventos por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos.